Me contaba hace unos meses un amigo, absolutamente indignado, que había ido a hacerle un ingreso a su hermano en una cuenta de Bankia y se había topado con la ley de protección de datos llevada al ridículo. Como Bankia había sustituido los números de Bancaja por otros unificados, se encontró en la oficina bancaria sin el número nuevo de su hermano. Ya que sabía el nombre del titular le pidió al cajero que lo consultara él –sin necesidad de hacerlo público- para no tener que andar llamándole y pidiéndole un número que les figuraba en su propia base de datos. Sin embargo, éste se negó alegando que la ley de protección de datos se lo impedía.
Ésta es una de las miles de anécdotas con las que topamos los particulares cuando se trata de agilizar algunos trámites. Con nosotros, la ley de protección de datos es histéricamente prohibitiva; con las autoridades, por lo que parece, es asombrosamente permisiva.
Dudo que un defraudador en sus cabales utilice la tarjeta de El Corte Inglés para grandes pagos. Si yo tuviera dinero en negro lo iría gastando poco a poco y no como esos imbéciles de la droga que se compran cochazos de lujo, se cargan de cadenas de oro y decoran su casa a la rusa, más barrocos que un retablo del XVIII. Solo les falta poner un luminoso en la puerta que diga: “lo gano a espuertas; pregúnteme cómo”.
Por eso me fastidia que ahora la Agencia Tributaria tenga permiso para pedir datos de sus clientes a los grandes almacenes más famosos de España. Lo acota diciendo que se trata de aquellos que gastan al año más de 30.000 euros. Es cierto que es mucho y que ni las gastadoras, o gastadores, en sus mejores sueños y peores pesadillas de sus consortes podrían llegar a eso. Sin embargo, puede suceder que alguien amueble su casa u organice su boda un año y el gasto se le dispare.
En cualquier caso, lo grave no es la cantidad sino la invasión de la privacidad por parte de las autoridades. Mientras se impide a un particular saber el número nuevo de la cuenta de su hermano –cuando va con el antiguo en la mano-, estamos cam
ino de rendir cuentas al Estado de lo que compramos o en qué nos gastamos lo que tenemos.
Entiendo que es un intento de acabar con el fraude pero ¿de verdad alguien se cree que a un gran defraudador se le pilla en El Corte Inglés? Ahora es esa tarjeta; después será la de crédito, la del Consum o la de Iberia Plus. Y mientras, los de siempre sacando dinero a los paraísos fiscales y Hacienda mirando hacia otra parte. Reformar la cocina es más sospechoso que un maletín en Suiza aunque lo primero cree empleo y active la economía y lo segundo, no.