Me pregunto si a los morosos del IBI les tratarán como a las administraciones: dándoles plazo, permitiéndoles promesas de pagos inmediatos, aunque tarden y proporcionándoles, por fin, inyecciones de dinero para acallar a quienes esperan meses para cobrar.
Me temo que no, que los ciudadanos con deudas deben abonarlos de forma inmediata, con recargo y con amenaza de embargar cuentas o patrimonio si no lo hacen. Los ayuntamientos y las consellerías tienen en eso cierta ventaja, lo que no deja de ser una discriminación doblemente injusta.
Es injusto, en primer lugar, porque una administración que no paga a unos proveedores perjudica muchas veces a empresas pequeñas que, por sus deudas, no pueden sobrevivir, en cambio, un particular que no paga al ayuntamiento no pone en jaque la supervivencia de éste. Seguirá, con dificultades, pero sin riesgos de cerrar y dejar en el paro a un montón de familias.
En segundo lugar, el particular que no tiene ingresos difícilmente va a afrontar el pago de un impuesto. Él sí necesita, más que nadie, una ayuda para salir del hoyo en el que está. Sin embargo, esas bombonas de oxígeno se le proporcionan a los entes públicos con dinero público, no al individuo que no tiene más recursos para mantenerse a flote. Hoy salvamos a bancos y entidades públicas, como si ellas nos fueran a salvar después alguna vez.
En el fondo, vivimos un tiempo curioso en el que el dinero público se destina a ayudar a las corporaciones, no a las personas. Y el privado ya no sé si existe o si vive lejos de aquí.
Sé que los morosos del IBI, que en Valencia son muchos, nos perjudican a todos pues faltan recursos para limpieza, seguridad o luces en la ciudad que podrían solventarse con sus pagos. Sin embargo, me siento más cerca de ellos que de otros morosos oficiales a quienes no les avergüenza asistir a actos públicos después de haber gastado a espuertas dinero que no era suyo.