Deuda pública y privada
Desde que empezó la crisis me pregunto por qué los malos gestores, que nos han llevado al precipicio, no pagan con sus bienes el desaguisado. Ya sé que en muchos casos no tendrían ni para empezar pero me enfada el doble privilegio.
Es doble su ventaja porque no solo han podido hacer y deshacer a su antojo, con el dinero público -incluso en su propio beneficio, sino que, además, ahora no tienen que responder de la deuda que han dejado.
La pública es la única deuda de la que su autor no tiene responsabilidad.
Es justo lo contrario de lo que sucede a quien se ve a las puertas de un desahucio, como el infeliz que ayer no vio más salida que la soga al cuello. Literalmente.
Es verdad que algunos se embarcaron, hace años, en la compra de una vivienda a la que no podían aspirar –aunque justo es que aspiren a alguna- pero nadie les impidió que lo hicieran. En muchos casos ni siquiera se les advirtió adecuadamente de los riesgos terribles. Ahora, la deuda con el banco les lleva a la pobreza.
Frente a eso, los bancos reciben ayudas porque sus deudas los bloquean; los Estados exprimen a los ciudadanos que nos pasamos el día trabajando –los que tenemos la suerte- para pagar la deuda pública y los gestores que han dejado España, y no digamos la Comunidad Valenciana, como un queso gruyère, ni siquiera responden con su patrimonio.
En definitiva, el único que no puede cerrarse en banda ni pedir dinero para afrontar su deuda es el ciudadano. Ése debe pagar, debe dejar su casa, debe cumplir con sus compromisos frente a bancos y políticos que no cumplen con los suyos; ni los primeros dan créditos o intereses, ni los segundos, confianza y bienestar.
Lo peor es que los bancos, y sus reguladores, no están obligados a reparar el daño causado por un sistema abusivo ni los políticos, por una pésima gestión del dinero de todos. Lo público, como siempre, no tiene responsables. Ni en la Audiencia Nacional.