Desahucio institucional
Si no hubiera sabido que era conseller, al leer las declaraciones de José Manuel Vela en AVE, hubiera creído estar ante un reportaje sobre desahucios.
“Cree que no pagamos porque no queremos pero está equivocada; no pagamos porque no podemos”. Perfectamente la frase podría haber acompañado el llanto de un hombre a la puerta de su casa mientras la funcionaria del juzgado precinta el dintel para que nadie entre.
Hubiera podido ser el frontispicio de un documento periodístico sobre el drama de miles de familias de este país. Es el resumen de la impotencia que sufren quienes están deseando de corazón hacer frente a sus deudas pero no son capaces porque todos sus miembros están en el paro y no hay ingresos suficientes; hay que elegir entre comer o pagar la hipoteca.
Sin embargo, el titular del periódico no hablaba de desahucios sino de la Generalitat. No paga porque no puede. Le cortan la luz porque no paga. Los recibos se amontonan y los acreedores esperan en la puerta. El sufrimiento de tantos en estos tiempos.
Lo que diferencia un caso de otro es el nivel de responsabilidad y de consecuencias, pero sobre todo la presencia o ausencia de sufrimiento.
¿Qué le ocurre a una familia que no paga? Que queda desamparada, en la calle y en la pobreza más absoluta pues, si uno no tiene un techo, no tiene nada. Ni siquiera una dirección a la que enviar una citación judicial. Haber pasado años sacrificándose para tener una vivienda propia y ver cómo un día se la quitan sin opción a negociar, a posponer o a cambiar por alquileres sociales como reclama, justamente, Cayo Lara, es terrible.
En el caso de las instituciones sus dirigentes no tienen nada que temer. ¿Quién teme un desahucio de lo que no es suyo? No hay sufrimiento. No hay dolor. No les arrancan parte de ellos. Las administraciones están más protegidas que las personas. Ellas pueden no pagar. El ciudadano no puede ni esperar clemencia.