Dicen los que saben de esto que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”. Doy por hecho que tienen razón y que el acuerdo extrajudicial de Sintel es beneficioso para ambas partes pero en estos casos los pactos me dejan con cierta insatisfacción, sobre todo, cuando se trata de trabajadores que perdieron su empleo sin hacer nada para merecerlo y de la noche a la mañana.

35 millones es lo que les ofrecen. 15.000 euros por cabeza. No sé si es mucho o poco pero a mí, después de su acampada en la Castellana, la década que ha pasado y los dineros que parece que salieron a algún paraíso fiscal, me parece poco.

Sin embargo, lo que me descorazona no es que la indemnización sea justa o injusta. Ellos lo sabrán mejor que nadie y sus letrados intentarán conseguir el máximo posible. La cuestión es que, a cambio, retirarán los cargos contra los directivos. Y es ahí donde duele.

No sé si son culpables pero que una empresa pública se malvenda, se descapitalice y deje sin trabajo a la plantilla sin calcular el coste y sin pagar a proveedores requiere ciertas responsabilidades que van mucho más allá de pagar una miseria a los afectados.

Me preocupa, además, esa dilatación del proceso en el tiempo. Algún aforismo hay al respecto de lo injusta que es una justicia lenta. No lo digo solo por el hecho de prolongar sufrimientos o posponer reparaciones. Me remito a ello porque me preocuparía que la actitud de una gran empresa, una gran corporación bancaria o una multinacional fuera la de prolongar para desgastar. Esto es, dar por hecho que los afectados, pobres mortales, acabarán por rendirse o, lo que es lo mismo, por aceptar cualquier cosa con tal de que se les pague algo.

A eso me suena el acuerdo, los 35 millones de euros y el beneficio exigido para los directivos. No sería descabellado. Las grandes entidades pueden soportar años de espera; los ciudadanos en paro, enfermos o desahuciados, no.

Enviado desde Av del Trabajo, Tlaxcalilla, HGO, México.