75 años
Uno de los signos de lo contemporáneo es la caducidad de la responsabilidad pública. Quizás la postmodernidad pueda añadir la del ámbito privado, pero eso sería otro tema.
Pienso en la jubilación, el final de mandato o las limitaciones temporales en todo cargo o actividad. No es baladí eliminar la condición vitalicia. Salvo en honores, nadie debería ser “algo” de por vida. Ni los castigos o las penas ni los trabajos o los puestos directivos deberían prolongarse tanto. Entre otras razones, por el natural alargamiento de la propia vida humana.
De igual forma que se replantea la jubilación -tanto en la edad mínima como en su extensión- porque abarca un período mayor y una certeza de alcanzarla también más elevada, debería ajustarse todo a esa necesaria caducidad inducida. Si se hace con los electrodomésticos o aparatos eléctricos para asegurarse la renovación, ¿cómo no aplicarlo también a las personas?
Pocos son los ejemplos que van quedando. Ya no existen apenas cargos vitalicios ni responsabilidades de por vida, salvo en instituciones de largo arraigo, ancladas en la tradición y el pasado, como la monarquía o el papado.
Es natural. En ellas la razón de ser es una elección de carácter divino, así pues ¿cómo enmendar a la divinidad en sus decisiones?
Quizás por eso resulta tan complicado su sostén intelectual en un entorno mundano, salvo por su utilidad contrastada. Es lo que sucede con la monarquía en España. Es difícil justificar a un dirigente sin apelar a la elección democrática, sin embargo, esa misma falta de ligazón la protege de los vaivenes políticos. Esa habilidad es la que debemos reconocerle al rey que hoy cumple una edad próxima a la jubilación más tardía, la de los obispos: 75 años.
Su capacidad para ser árbitro neutral ha sido su mejor aportación a la institución, alejándola de veleidades temporales hasta que llegó su yerno y puso en jaque todo lo construido.