Escuchar que Ronaldo se embolsa 20 millones, que reflotar el Costa Concordia costará 600 o que la boda de Fran Rivera puede superar un récord es profundamente descorazonador para el ciudadano. Ayer se lamentaba de algo así el Fiscal General del Estado durante la apertura del curso judicial. Se refería Torres-Dulce a la corrupción diciendo que la Justicia no debe ser ejemplarizante sino equitativa, restableciendo el orden jurídico. Sin embargo iba más allá al hablar de casos como las preferentes no tanto por su engaño como por haber buscado intencionadamente a colectivos vulnerables. Esa capacidad de situarse al lado del ciudadano para reprochar la corrupción pública y los comportamientos inmorales en la gestión privada me reconcilió un poco con la Fiscalía. De sus palabras se deduce que no es solo un incumplimiento de la ley, que es lo que compete a sus subordinados, sino un abuso del marco reglamentario. ¿Podían vender preferentes a un cliente dando un mínimo de información? Podían. Pero era una indecencia.
Esa es la sensación cuando leemos los millones que aún, ¡a estas alturas! algunos manejan para llevar a cabo negocios. ¿Se puede estar pagando 20 millones por jugar al fútbol sin que nos rebelemos contra ello? ¿En qué difiere eso de un directivo de empresa que los cobra por jubilarse? No hablo de los bancos porque su estatus es distinto toda vez que algunos han sido rescatados con dinero público. Pero los clubes de fútbol, me permito recordar, viven en el continuo rescate debiendo dinero a Hacienda o a la Seguridad Social sin que nadie les llame “chorizos” por la calle. Eso también es jugar con el dinero público.
¿Se puede gastar dos millones en un gurú para decir “relaxing cup of café con leche”, y nueve u once en montar una candidatura con la convicción de que no va a salir elegida Madrid? Son límites morales, como los que ayer sobrevolaban el discurso del Fiscal General. O como aquellos a los que se refería el Síndic de Comptes. Quizás no es ilegal tener facturas sin pagar en el cajón pero es un acto de irresponsabilidad moralmente punible.