Después de ver a los invitados internacionales que supervisaron el arsenal de ETA, tengo poca confianza en los observadores que ha invitado el gobierno catalán para el referéndum. Aquellos no fueron capaces de hacer otra cosa que certificar que ETA daba susto y vestía fatal. Con las armas que pusieron sobre la mesa, lo más que podían conseguir era confirmar que se trataba de una banda de matones, algo que todos los demás sabíamos desde hace décadas a fuerza de verles usar ésas y otras armas de mayor calibre.

Aquello, como vimos, fue una pantomima cuyo objetivo no era supervisar el fin de ETA sino buscar testigos que pudieran desmentir al Estado español. El caso catalán despierta una suspicacia similar. No son observadores que vengan a garantizar la legalidad del proceso sino voces que vienen a proclamar a los cuatro vientos la legitimidad de la petición “popular”. Lo primero no puede darse por razones obvias. ¿Cómo confirmar la legitimidad de algo ilegítimo? Si su papel fuera ecuánime, vendrían para explicar que, en efecto, la consulta es nula. Lo segundo es lo realmente peligroso pues la legalidad tiene una base, discutible, modificable y capaz de ser pactada, pero una base compartida y asumida por todos: la ley. En cambio la legitimidad que se arrogan los independentistas, aunque tenga un poso de realidad, es voluble e inmaterial. Que la ley no permite el referéndum es un hecho que puede hallarse en la Constitución y que puede ser modificado si se cambia ésta. Pero que el pueblo catalán quiere ser independiente no ha quedado demostrado por mucha manifestación que se esgrima.

Los observadores deben ver eso. Por supuesto, pueden conocer de primera mano qué piensan muchos en Cataluña pero desmerecería su misión y su figura si se limitaran a ser marionetas en manos de un grupo determinado por bienintencionado que éste sea. Poner este proceso al mismo nivel que los manipulados en países sin democracia consolidada ya es rebajar, incluso, el nivel de partida de los propios catalanes. Ellos viven, hoy por hoy, en un país democrático. Decir otra cosa es ponerse vendas ante la propia realidad.