Cuando aún estábamos tratando de asimilar el último caso de corrupción a gran escala conocido esta semana, se hicieron públicos ayer el informe Foessa sobre exclusión y desarrollo y el de Unicef sobre los efectos de la crisis en la infancia de los países ricos. En ambos se alerta del impacto que en toda una generación están teniendo los recortes y el nuevo entorno económico. Los niños y los jóvenes son los que más sufren pero no son los únicos. Foessa, junto a Caritas, alerta de que hay una “generación excluida” y no se refiere al concepto de “exclusión social” que a menudo manejamos para referirnos a personas que están radicalmente fuera del sistema. Habla, por ejemplo, de los excluidos del trabajo y describe a aquellos que han sido desplazados de su puesto y no tienen forma de incorporarse a otro donde sea necesaria su cualificación. Es el drama de muchos que han perdido su trabajo a los 45 o 55 años y no tienen ni margen para reciclarse en las mismas condiciones que otros más jóvenes ni posibilidades de acceder a otro puesto donde prefieren gente de menor edad. Su preparación y experiencia, muy superior a los recién salidos de la universidad, en lugar de darles alas, les pesa como un lastre. Son parte de la “generación expulsada”. Lo grave de ese concepto es que se aplica a quienes han sido excluidos no ya del trabajo sino de la vivienda o de los servicios sociales. La conclusión es terrible: solo la tercera parte de los ciudadanos puede decirse que viven una situación de integración plena. Es decir, dos tercios de los españoles sufren algún tipo de exclusión.

El informe además nos ayuda a cambiar el punto de vista. Lo que estamos viviendo, dicen los expertos, no es consecuencia sino causa de la crisis. Ese giro en la visión de la realidad es esencial y muy profundo. Es más: nos da capacidad para vincular la exclusión generalizada con la corrupción generalizada sin caer en demagogia barata. Lo que viene a decir es que en el origen de todo está el modelo económico y la crisis de valores. Es el origen común de la brecha social, del incremento de la exclusión y también de la podredumbre de quienes tocan el dinero público y pierden el norte. No se trata de reprochar a quienes se lo llevan porque ese dinero serviría para dar de comer a niños pobres. Lo urgente es asumir que es nuestra relación con la riqueza lo que produce pobreza y avaricia a manos llenas. La crítica se produce ahora desatada porque nos golpean las restricciones pero hace quince años, cuando todos creíamos nadar en la abundancia, no. Sobre eso también nos deberíamos parar a pensar. Sin duda, el robo desmedido es lamentable, punible y vomitivo, pero no debería preocuparnos solo el final sino el principio del proceso. La limpieza ha de comenzar en los valores, en la educación y en la moral colectiva, no solo en los tribunales.