La Universidad de Alicante ha decidido retirar el doctorado Honoris Causa a Rodrigo Rato. A Francisco Granados la Comunidad de Madrid le ha quitado la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. E incluso la Universidad de Girona se plantea hacer lo propio con el doctorado de la magistrada del Tribunal Constitucional Encarnación Roca por aceptar el recurso del gobierno contra la consulta del 9-N. En estos tiempos de volatilidad y compromisos de permanencia obligatorios, hasta los premios se han convertido en distinciones de quita y pon. Lo que hoy reconoce los méritos excelsos y magníficos de un personaje sin igual, mañana no es más que un retrato caricaturesco de una figura ridícula y engañadora. Así lo indicaban las entidades afectadas por estos últimos casos. Para una, debían quitarle el honor por haber variado las condiciones por las que se le reconocían los méritos en la universidad; para otra, el premio otorgado a una persona sin honra había perjudicado a la imagen de la Comunidad. La tercera es más difícil de justificar pues el papel del Tribunal Constitucional y la previsión de su posición ante el 9-N no han cambiado ni parecía que fueran a hacerlo por mucha consulta que se convocara. Es más una postura política y una presión sobre todo profesional que quiera hacer carrera en la Cataluña soberana. La Nació está por encima de la ley y de la cualificación profesional de quien pretenda que se reconozcan sus méritos. Para la Universidad de Girona, el único mérito digno de aplauso es el que contribuye a “fer país”.

El problema de estos premios no es su retirada. Posiblemente sea más sensata esa decisión que la primera. Lo malo es la concesión sin que existan méritos que la justifiquen de verdad. Cuando digo “ de verdad” me refiero a que sean incuestionables. Los premios deberían ser pocos, selectos y muy infrecuentes. De ese modo, la elección entre un grupo numeroso de candidatos daría lugar a una inequívoca concesión. Tendríamos que exigir que cualquier reconocimiento tuviera el 90% de apoyo de la entidad que lo da, de tal forma que hubiera prácticamente unanimidad y se redujera con ello el margen de error. Es verdad que no siempre una amplia mayoría garantizaría el acierto pero sería menos probable que lo contrario.

Con estos viajes de ida y vuelta confirmamos lo inadecuado de alguna distinción, en especial, cuando se trata de políticos cuya contribución al bien común solo puede constatarse de verdad con el paso del tiempo. En el corto plazo, se ven más los intereses particulares que los generales. Y siempre queda la duda de si el premio se le da para suavizar una salida dolorosa o no querida por el sujeto o para reconocer los méritos reales de su tarea. En esas condiciones, mas le valiera a alguien la renuncia aunque duela, como ha hecho Jordi Savall, que una distinción inapropiada o dudosa.