Hay algo incómodo en la consideración de la infanta Cristina o de Ana Mato como “partícipes a título lucrativo” de los delitos presuntamente cometidos por sus maridos. La expresión se refiere a la diferencia entre haber intervenido en esos actos punibles o habérselos encontrado. Diríase que son como “delitos gananciales”. Ellas no sabían nada, pero bien que les vino el dinero o los regalos derivados de las acciones de sus parejas. Si pudiera extenderse a colectivos, también podríamos decir que, en un caso de financiación irregular de la campaña electoral de un partido, sus cabezas de lista han sido responsables “a título lucrativo” e incluso podría aplicarse a todos sus miembros, de demostrarse el uso de dinero para sostener al partido. Es un tipo de responsabilidad que, al margen de los aspectos penales, puede llegar a involucrar a muchos y, sobre todo, pone sobre la mesa algo que parece quedar olvidado: hubo quienes, sin delinquir, vivieron muy bien gracias a las tropelías de otros.

Son gentes, por tanto, que no se verán nunca ante un tribunal pero que permitieron los desmanes sin hacerse preguntas. Es lo que vemos en las esposas de Urdangarín y de Jesús Sepúlveda. ¿Nunca se preguntaron de dónde salía el dinero para determinados dispendios? ¿A qué atribuían la capacidad para adquirir un palecete o para comprar un coche caro? Nunca ha sido delito hacerse el sueco pero hay responsabilidades no judiciales que una persona involucrada en algo así debería asumir. Y, como mínimo, disculparse por no saber, por no mirar o por no averiguar.

Eso mismo cabe aplicar a políticos, periodistas y ciudadanos que, sabiendo que los recursos públicos no llegan para determinados gastos, callan ante presupuestos irreales o compromisos de inversiones que no existen. Si sabemos que una línea de tren no es posible y se promete su construcción, ¿no somos acaso tan cómplices con el silencio como lo son la señora de Urdangarín y la ex de Sepúlveda? Durante años hemos visto anunciar aeropuertos, grandes eventos u obras suntuarias cuyo coste se adivinaba pero no se avalaba. Ahora sabemos que serán las próximas generaciones las que terminarán de pagarlo. La pregunta es si alzamos la voz lo suficiente. Parece que no. En algunos casos, además, lo grave es que ni siquiera somos “partícipes a título lucrativo” porque no los hemos visto en funcionamiento. Así como la infanta Cristina disfrutó de Pedralbes y Ana Mato, de algún viaje o alguna fiesta, los ciudadanos hemos pagado, hemos ignorado y no hemos disfrutado. Deberíamos, pues, pedir explicaciones en órganos parlamentarios a esos que fueron partícipes a título lucrativo. De los artífices ya se encargan los jueces pero de estos otros si no exigimos los ciudadanos no lo hará nadie. Y no deberíamos permitir que se fueran de rositas. Al menos, sin afearles la conducta en público.