Tanto discutir, analizar y explicar las líneas rojas y llega Helga y salta a la comba con ellas. Durante meses han intentado hacernos ver que el Consell se había tomado muy en serio la limpieza de la corrupción; que había declarado la guerra al sospechoso de “mangoneo” y que había expulsado del paraíso público a todo imputado. En efecto, aunque lo haya hecho casi en tiempo de descuento, así ha sido. Excepto. El problema que ha tenido el PP valenciano durante todo este tiempo ha sido el “excepto”. La frase casi nunca se acababa con el principio general sino con la coletilla: con la excepción. Aquella que dificultaba cualquier sostén de un argumento universal. Castedo o Costa eran un bloque de hormigón en el cuello de la credibilidad empeñada en flotar. La razón (excusa, dirían otros) tras la que se parapetaban era que no se le podía apartar de su puesto a una alcaldesa o a quien había ganado su escaño personalísimo. Era un mal argumento porque demostraba que Fabra tenía poder pero no autoridad. El poder da capacidad a quien manda para decidir. Porque puede. La autoridad permite decidir a quien no necesariamente manda. Porque lo vale. Castedo ha sido durante meses el mejor ejemplo de esa disfunción en la presidencia del PPCV.

Sin embargo, a los pocos días de lograr, por fin, afianzar “el poder de la línea roja” con la salida de Castedo de la alcaldía de Alicante, saltaba la noticia de ciertas irregularidades en el Palau de les Arts bajo el mandato de Helga Schmidt. Lo que entonces parecía una sospecha por determinar, se presentó con toda su crudeza ayer cuando la policía procedió al registro del Palau y a la detención de su intendente. Lo llamativo de todo esto no es la propia situación penal de Schmidt ni que el coliseo valenciano haya sufrido, al parecer, un aprovechamiento personal que nos recuerda demasiado a su homónimo catalán. Lo grave es que hasta ayer el Consell no hubiera apartado a su responsable del puesto que ocupaba. Que lo hiciera al ser detenida dice poco a favor de esa alergia contra toda corruptela que parecía tener este gobierno. Si ya había sospechas con anterioridad -que motivaron los informes de la Intervención de la Generalitat a la Fiscalía-, no se explica con facilidad que esperaran a que la investigación policial les confirmara que había motivos para tenerlas. El Consell ayer llegó tarde. Poco importa que la línea roja estuviera marcada en la imputación. Esa línea se refiere a la confianza del partido pero no a la paciencia de los ciudadanos. Si había sospechas, la prioridad era poner a salvo los recursos públicos y apartarla de su cargo. Ahí no hay más línea roja que asegurarse de que ningún corrupto toque un solo céntimo de los valencianos. Eso no se ha hecho. Ni ha habido suficiente control durante años ni ha habido autoridad en el presente para evitar más daños.