Ya puede esforzarse el poder legislativo en matizar la diferencia entre investigar e imputar y hacer lo propio el judicial exigiendo que se use con tino y corrección el lenguaje. Ya pueden hacer lo indecible ambos para no culpar al que aún no ha sido declarado culpable. Si todo eso no se acompaña de una despolitización de los casos judiciales, poco puede resolver la reforma semántica lograda ayer con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, no se trata solo de procesos en los que ande implicado un político. Esos llevan de fábrica la carga culpabilizadora asociada al partido al que pertenezca, como si su carnet fuera indicio de bandolerismo. Está sucediendo también en otros ámbitos aunque sin la losa de la marca política. Lo que urge es dejar de evaluar los casos como juez y parte. Cualquier causa se presta al desguace público del implicado en cuanto se convierte en el pimpampum de todos o en el arma arrojadiza contra el enemigo. Lo vemos a diario. El problema no es el lenguaje aunque entre los derechos del detenido debería incluirse uno que dijera “tiene derecho a guardar silencio, hablar o mentar a la madre pues todo lo que diga o calle puede ser utilizado en su contra”.

A veces no se trata de llamarle “preculpable” sino de tratarlo como tal. De ese modo, se apela a todo tipo de signo, evidencia o mera conjetura. Si se acoge a su derecho a no declararse culpable y alega aquello de “no sé, no recuerdo, no me consta, no conozco”, como la Infanta Cristina, será motivo más que suficiente para demoler lo poco que quede de su dignidad, y acabará crucificado por ello. Si se acoge simplemente a su derecho a no declarar, más que aconsejado en algunos casos, como el pequeño Nicolás, habrá quien verá en eso mala fe y confirmación de sospechas. Si contesta a su abogado pero no al fiscal, como hiciera Isabel Pantoja, sentará fatal en el populacho y en quien dice representarlo, y será abucheada y tachada de prepotente y de sospechosa eterna por siempre jamás. En definitiva, no es un problema de lenguaje sino de respeto a la prueba que el acientífico no necesita. No requiere de la demostración para calificar a los protagonistas de un caso judicial. Que ahora se llame “investigado” puede ser efectivo durante seis meses, pero, pasado ese plazo, volverá a instalarse ese término en el imaginario colectivo asociado a “cuando el río suena”. Lo único que habremos conseguido es resetear el vocabulario para terminar diciendo lo mismo. La razón es que el vicio no está en el léxico sino en el comportamiento, en la desvergüenza con la que juzgamos a los demás y en lo poquito que nos llegan a importar las conclusiones judiciales. Podemos citar mil veces a un perito que volverá a decir lo mismo y eso nos hará sospechar que algo oculta. Quizás solo una cosa e intenta darle luz aunque algunos se nieguen a ver: la verdad.