Durante todo el día me quedé con la copla de una conversación que había escuchado por la mañana. Cuando ocurrió, no estaba prestando demasiada atención al diálogo hasta que se produjo el momento señalado y se me quedó en la memoria. Fue como esas canciones pegadizas que se atrincheran en las neuronas y las hacen bailar horas y horas sin poder evitarlo. Cuando eso ocurre, nos sorprendemos tarareándolas aun con rabia porque queremos borrarlas y no podemos.

Así me ocurrió con la pregunta que una periodista hizo a Martínez Pujalte y la respuesta que este le dio. La entrevista giraba en torno al cobro de una cantidad mensual en concepto de asesoría que el diputado popular había recibido de una constructora de Castilla-León. Cuando estaba a punto de terminar, la entrevistadora le preguntó: “¿Le parece ético?”, a lo que el político valenciano contestó: “Me parece legal”.

Fueron esas dos frases las que me estuvieron rondando todo el día por la cabeza, por lo significativas que son y por lo mucho que resumen sobre los comportamientos políticos actuales. No sé si lo recibido es correcto o no y no es el asunto lo que me preocupa ahora, sino las exigencias que nos estamos marcando y el marco de referencia que usamos para ello.

El diálogo radiofónico revela los dos baremos en los que se mueve la vida pública pero también la privada. La ley prohíbe y permite cosas que la ética particular acepta o rechaza. Por ejemplo, para una parte de los votantes del PP, la ley –e incluso la última reforma- del aborto permite una realidad que consideran inaceptable desde el punto de vista moral. El aborto, siendo legal, es inmoral para algunos. Por el contrario, la ley no permite que un propietario entre en un piso okupado sin mandamiento judicial. Para quienes han sufrido esa situación recuperar su propiedad sin más dilación es moral aunque sea ilegal. En ambos casos, quien se pone frente a la ley lo hace alegando una legitimidad que nace de sus propias convicciones o intereses. Ahí radica, probablemente, el quid de la cuestión.

La ley marca un mismo estándar para todos. Estaremos más o menos de acuerdo pero todos nos sometemos al mismo criterio. Lo legal no plantea disfunciones ni abusos por parte de quien en ese momento tiene el poder y por ello la capacidad para imponer su sentido de lo legítimo. Sin embargo, en la actualidad asistimos a un florecimiento de ese concepto. Es legítimo aunque sea ilegal, dicen quienes incumplen la ley. Es el argumento esgrimido por los soberanistas, por quienes protestan en las puertas del Congreso o por quienes exigen un aborto sin plazos ni supuestos. Ahora bien, cuando el oponente político hace lo mismo, le afean la conducta. “¿Es ético?”, preguntaban a Martínez Pujalte. ¿Y quien marca el límite ético? Quien se cree en posesión de la verdad. O la ley, un acuerdo de mínimos para todos.