Si no estuviera tan lejos, aparcaría en Ciudad Real. Lástima que no me pille de camino al trabajo. Lo digo porque cuesta más una plaza de garaje en Valencia que un aeropuerto en Ciudad Real. Y allí, al menos, siempre tendría sitio para dejar el coche y no como en Russafa donde a los vecinos no les queda otra que hacer vehículos plegables con impresoras 3D para guardárselos en el bolsillo.

10.000 euros por un aeropuerto llamado “Don Quijote” es tan triste que solo puede inspirar el último episodio de la novela cervantina, aquel en el que el caballero manchego lucha contra bazares chinos al confundirlos con terribles dragones de colas aladas. Don Quijote merecía algo mejor que estuviera a la altura de su grandeza y no de sus ensueños, y España merece un caballero andante que la defienda de los malandrines que la han querido ordeñar durante años hasta la extenuación y se han ido después de rositas y hasta de crucero caribeño. Los “Malambruno” de esta historia no era valencianos, curiosamente, y ni siquiera eran del PP, aunque algunos siempre hayan visto a José Bono más cerca de Génova que de Ferraz. Eran localistas y con intereses electorales en el terruño. Y, en ese modo, no hay siglas sino primos que colocar. Así, creyeron que la Mancha necesitaba su aeropuerto, su universidad y si me apuran hasta su parque acuático. Eso sí es aldea y lo demás son cuentos.

Ahora, una obra que costó cientos de millones se malvende por calderilla. Y no hay nadie responsable del desaguisado. Ese es el comienzo de Burkina Faso. No se trata solo de que alguno se lo hayan llevado en maletines, sobres o cáscaras de plátano canario. Lo que nos ha empobrecido no ha sido tanto la corrupción como la impunidad, la gratuidad del malgasto. Nadie responde por haber dilapidado cientos de millones que podrían haberse destinado a esos colegios y hospitales que tanto teme desalojar la portavoz. Sobre los malgastadores no cae el peso de la ley porque no es delito, es mala praxis. Sin embargo, el agujero que crea un mal uso de los recursos públicos seguramente es mayor que el abuso de unos pocos. Y lo peor, en ambos casos, es el clima de generalización e indiferencia. Ese sentido de que lo público no es de nadie, como si cayera de los árboles. Pero no veo al ministro Montoro perseguir con saña a los “defraudadores de lo público” como hace con quienes intentan driblar a los recaudadores de impuestos. Estos defraudan en lo propio contra los intereses generales pero aquellos lo hacen con lo de todos contra esos mismos intereses, lo que multiplica su desvergüenza y su perjuicio colectivo. El localismo miope es uno de los mayores riesgos para la racionalización del gasto público. Si hay un aeropuerto a 50 kilómetros quizás no sea necesario otro. Y quien dice aeropuerto dice universidad, palacio de congresos y hasta radiotelevisión.