No falla. Cada vez que se acercan unas elecciones generales, el PSOE desempolva su anticlericalismo a cuenta de la derogación de los acuerdos Iglesia-Estado, de los sueldos y la elección de los profesores de religión, del IBI de los edificios de la Iglesia católica, de la financiación o, como ahora, de la supresión de la asignatura de Religión. Es tan predecible que, si un día efectivamente se suprime toda referencia religiosa en la vida pública española, van a sentir un vacío difícil de llenar. Y, del mismo modo, es tan fútil la maniobra que el enfado y la preocupación de algunos sectores próximos a la Iglesia resultan gratuitos e innecesarios. Hay que reprimir las ganas de apagar la alarma y tranquilizarlos. Si llegan al poder no harán nada de lo prometido.

La mecha es corta pues solo pretende dejar caer las posibilidad en la opinión pública para calentar los ánimos e intentar ganar el terreno de izquierdas tan perdido. El problema es que esa actitud es tan irresponsable como la de quienes hacen política desde los púlpitos aun sabiendo que no tienen mando en plaza. O, precisamente, por eso. Con esas actitudes no se promueve un debate sereno que, probablemente, esté faltando en este país si es que alguna vez somos capaces de dialogar sin rencillas, pullas o venenos varios. Las arengas a los propios en la eterna “cuestión religiosa” que arrastra España desde las Cortes de Cádiz solo consiguen enervar aún más los ánimos. Sin duda es lo que se busca, pero ahí reside la irresponsabilidad. Ganar votos, aplausos o cuotas de poder a costa de emponzoñar el clima social es propio de descerebrados o grupos muy egoístas que ponen su interés no solo por encima del interés general sino de los mínimos exigidos para la convivencia pacífica.

Lo curioso es encontrarse después a unos partidos y a otros reprochándose esa misma estrategia. Como si no se conocieran. Como si nunca lo hubieran hecho ellos. Lo hemos visto en las últimas horas a cuenta de la Ley de Señas de Identidad en la Comunidad Valenciana. En su momento la oposición reprochó al PP que la sacara adelante solo por cálculo electoral y probablemente tenía razón, pero derogarla en vísperas de otra convocatoria donde los pactos parece que vengan de nalgas, mal encajados, lentos y necesitados de cirugía, invita a sospechar que el objetivo no está tan lejos del que buscaba el oponente cuando la aprobó. Quizás fuera buena en estas semanas que faltan para el 20-D una cierta prudencia. Sobre todo porque viendo la inacción de las autoridades valencianas o la lentitud para otros asuntos más urgentes que -curiosamente- no implican reproche alguno al gobierno central, lo mismo da esperar a enero para empezar a desmontar lo construido por los anteriores. Entonces, no sería sospechoso. Tal vez, de eso se trata. De mostrar poder a sus futuros compañeros de cama.