El mejor seguro para una sociedad democrática es que los medios de comunicación y la Justicia sean absolutamente independientes. Al menos, todo lo absoluto que permite un ser humano limitado. Cuando ambas esferas se ponen del lado del poderoso, la libertad queda maltrecha si no derrotada. Lo hemos visto en Argentina, con los Kirchner ahogando a la prensa crítica o en Venezuela, convirtiendo el Tribunal Supremo en último bastión del derrotado chavismo. Por eso resulta tan simbólico que la infanta Cristina siga en el caso Noós. Lo contrario hubiera dado la sensación de que la Justicia en España se plegaba a la conveniencia de la Jefatura del Estado. A todos beneficia que ayer la Audiencia de Palma rechazara aplicar la doctrina Botín. La imagen del Rey queda impoluta, sin inmiscuirse, y los tribunales se muestran independientes, sin plegarse a ningún poder. El problema es que prime más lo ejemplarizante que la propia justicia. Quizás es lo sucedido, salvando las distancias, con Isabel Pantoja, que tanto se queja de un trato desigual. Por exceso de celo. Pudiera ser que estos personajes paguen no menos sino más de lo que lo haría un ciudadano anónimo, precisamente por no serlo. En ese caso, su condición o fama serían un lastre más que un beneficio, pero el resultado sería igualmente injusto. De cualquier forma, lo sucedido ayer apuntala tanto a la Casa Real como a la Justicia, aunque salga absuelta.

Lo curioso es que algunos dediquen muchos esfuerzos a celebrar la decisión de la Audiencia mientras pretenden presionar a otros órganos de justicia. O, como mínimo, no parecen tener muy claras las distancias que el Poder Ejecutivo debe marcar respecto al Judicial. El ejemplo, también de ayer, viene de Cataluña, cuya independencia mediática se ha puesto en entredicho en estos últimos años por vía de subvenciones, editoriales conjuntos y monotemáticos. No es secundaria esa presión a los medios y a la Justicia –con los alcaldes y sus varas de mando en la puerta- al mismo tiempo. Responde a la consideración de que “el procés” está por encima de todo y todo “en el país” debe estar a su servicio.

El Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, decidió pedir el indulto para quienes acosaron a los parlamentarios catalanes en 2011. Sin duda es al Gobierno a quien se dirige pero lo hace poniendo en entredicho al Tribunal Supremo pues no hay motivo humanitario que justifique la petición sino ideológico. En esta ocasión, la justificación del Ayuntamiento cuestiona la decisión del tribunal pues considera desproporcional la pena. Un argumento más llamativo si cabe considerando que se trata de un delito contra las instituciones y quien lo cuestiona es una institución. La prudencia de la Casa Real, respetando con su silencio las decisiones judiciales, no es mero protocolo. Es un sano ejercicio de democracia.