Una de las consecuencias de la supremacía moral de la izquierda se hace visible cada vez que un miembro de sus grupos, partidos o colectivos se ve envuelto en algún caso penal. Cuando eso ocurre, la aplicación de la Justicia es presentada como una persecución ideológica que nada tiene que ver con los hechos juzgados y condenados. El último ejemplo es el del concejal Andrés Bódalo, de Jaén en Común, que debe entrar en prisión por haber agredido a otro del PSOE. “Es inocente”, dicen sus defensores. “La condena es abusiva”, dice el aludido. Poco importa que haya un Código Penal, unos jueces y unas pruebas que hayan dicho lo contrario. Sus partidarios alegan que se está coartando la libertad de expresión. En efecto. Se hace. Pero tiene su sentido, porque mi mala opinión sobre alguien y mi discrepancia con él no pueden justificar una agresión. Tampoco la libertad creativa, que debe defenderse, puede explicar que se dañe a la infancia con unos inoportunos títeres o la libertad para considerar inadecuados los espacios religiosos en instituciones públicas puede permitir que se ofenda con intención manifiesta a quienes los utilizan legalmente.

El problema de esa izquierda es que se enfrentan a la legalidad y la moralidad desde un pedestal que les permite diferenciarlas y despegarlas. Ambas van unidas en la ley como un adhesivo al que debemos quitar el papel para pegarlo en la ventana. La legalidad se basa en lo que una sociedad considera moral pero no lo abarca todo. Para un católico es legal el aborto, pero no es moralmente aceptable. Para un miembro de la Plataforma Anti-desahucios expulsar a una familia de su casa por impago es legal pero atenta contra los principios morales de la sociedad. La diferencia de esas situaciones de desajustes entre lo legal y lo moral es la resistencia a aceptar la legalidad y los distintos modos de actuar para cambiarla. Un anti-abortista no puede quemar un centro médico donde se practiquen abortos, como a veces vemos en Estados Unidos, ni un anti-desahucios, agredir a la comisión judicial que acude a una casa para el desalojo. Tampoco puede exculparse a quien daña a un oponente político solo porque se discrepe de la ley que lo pena. El camino es cambiar la legislación, no interpretar individualmente la norma. De ser así, también Rato podría considerar abusiva la acción de la Justicia sobre él o Julián Muñoz reclamar que se le indulte por sentirse perseguido. Dice Bódalo que “el derecho a la protesta no puede significar cárcel”. Depende. Seguro que esa frase no la aplica a un “provida” que pegue puñetazos y patadas a un médico abortista. ¿No tiene derecho a protestar por una acción que considera criminal? Lo tiene, sin duda, pero no así. Eso es lo que persigue el Código Penal. No lo que piense o deje de pensar Bódalo, un anti-desahucios, un próvida o un titiritero.