Los casos de niños robados son terribles vengan de donde venga y ocurrieran cuando ocurrieran. Ya fueran en la Argentina de Videla, en el Chile de Pinochet o en la España de Franco, todos ellos y cada uno de ellos son historias de miseria moral y de vulneración de lo más básico.

Sin embargo, siendo todo ello atroz, hay algo que me produce un especial escalofrío cuando lo leo: el periodo en el que se produjo. Cuando hablan de los años 50 una los imagina en blanco y negro, con olor a zotal y a lejía en portalones tristes y pobres, y eso que los 50 ya no eran los 40 de postguerra sino los tiempos de desarrollismo e incipientes seiscientos.

Sin que pueda justificarse en ningún caso -en ninguno-, hablar de esa compra-venta inmunda en tiempos de dictadura y de impunidad para según quiénes parece inevitable o, cuanto menos, propio de una etapa en la que el Estado no se preocupaba por las garantías de los ciudadanos sino del Régimen.

Era un tiempo en el que el fin justifica los medios; los medios justificaban la moral y la moral de serie acallaba cualquier duda ética que pudiera tenerse.

Ahora bien, eso, que no es razonable ni admisible pero acompaña tiempos de falta de libertad, resulta especialmente intolerable en democracia. Y no estamos hablando de los 70, de esos últimos años de la década en la que España se liberó de ataduras, es decir, en los primeros momentos de transformación donde los tics antiguos pueden permanecer intactos.

Cuando sabemos que la práctica abominable del robo de niños y la muestra de un cadáver -el cadáver- a los padres se prolongó hasta mediados de los 90, el dato causa pavor. Ya no es un régimen de ocultación a base de terror sino que estamos hablando del fallo de todo el sistema que mantuvo durante demasiado tiempo prácticas de otra época. Resulta inaceptable que haya sucedido eso en nuestro actual sistema de salud. Y alguien tendría que dar explicaciones.