Suele decirse que las medidas más duras las toma un gobierno al comienzo de la legislatura. Esto es así, dicen los expertos, no solo porque es el momento de mayor tolerancia de los votantes hacia su partido en el poder o de quienes bastante tienen con aceptar resignadamente el papel de oposición recién adquirido del suyo.

Es, también, un periodo lleno de leyes difíciles porque es el más alejado del final, valga la obviedad. Me refiero a que es el menos cercano a la siguiente convocatoria electoral que es, en definitiva, lo que mueve a cualquier partido, esté o no en el poder, y que se acrecienta conforme se acerca el “examen” cuatrienal.

De ese modo, las leyes que menos acogida puedan tener entre la ciudadanía suelen ser presentadas al principio y las más populares, al final del periodo de gobierno.

No hay más que recordar cómo el matrimonio gay, que levantó ampollas en algunos sectores de la sociedad española, se aprobó apenas un año después de ser elegido ZP, en 2005, y en cambio la ley de libertad religiosa, menos molesta que la anterior para muchos votantes católicos, fue pospuesta sine die y, por fin, quedó sin aprobar en los últimos meses de la legislatura anterior, no fueran a movilizar con ello a la derecha.

Por eso no me extraña que Cristóbal Montoro diga que “al final de la legislatura todos vamos a pagar menos impuestos”. No sé si se refiere a menos de lo que pagábamos hasta ahora –me temo que no- o menos de lo que llegaremos a pagar en la declaración de este año.

En cualquier caso, más les vale que sea cierto, porque de lo contrario quizás se haga realidad el negro presagio que algunos apuntan sobre la penalización electoral hacia el primer gobierno Rajoy.

Sin embargo, debo reconocer que, cuando escuché a Montoro, lo primero que pensé fue en una maldad peor aún, esto es, que si pagaremos menos sencillamente será porque no tendremos un euro que llevarse Hacienda.