Hoy es un día en el que las iras ciudadanas se concentran en dos nombres propios, Bárcenas y Urdangarín. Sin embargo, no puedo pasar por alto a muchos otros. No sé si hay nombres que dar; si es pronto para hacerlo; si puede concretarse o si me aventuro demasiado abriendo el objetivo, pero al auto del juez Castro me remito.
Dice el instructor del caso Nóos que es “imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión”. O sea, entre otros, la Generalitat.
De hecho, el juez hace un duro reproche ético a los gobiernos tanto balear como valenciano por no cumplir con la legalidad para favorecer al yerno del Rey. Y no parece errar el tiro, de ser cierto lo que se recoge en el auto de ayer.
Si es verdad, Urdangarín y su compinche no pudieron saquear, como lo hicieron, las arcas públicas a las que contribuimos todos –usted y yo, con gran dolor de corazón, también- si no había alguien dispuesto a abrir la caja. Es como haber robado un banco sin forzar la caja fuerte. Alguien tuvo que darles la combinación.
El propio juez admite en su escrito que no es el momento de fijar la atención en esos otros responsables pues el auto tiene como objetivo fijar la fianza para Epi y Blas pero no para los demás. Ya llegará.
Lo que me enerva no es que lo consintieran, sino la razón por la que lo hicieron. Aún aceptaría que su intención fuera quedarse calderilla y acabar comprando una chocita en Pedralbes como la del señorito, pero lo que no aguanto es que lo hicieran por “lameculos” (con perdón), por congraciarse con la realeza, por bailarle el agua a un don nadie llegado a más en gananciales, en definitiva, por creerse importantes.
Con las cosas de comer no se juega y, menos, cuando son las de otros que, confiados, las dejan en sus manos. Si todo eso es verdad, habrá que pedir cuentas por chorizos o por idiotas.