Conozco a muchas falleras que darían media vida por ser Fallera Mayor de Valencia. ¿He dicho ‘muchas’? Podría decir ‘todas’ y no estaría exagerando.

Sin embargo, la mayoría no puede ni permitirse el lujo de soñarlo porque su economía no podría asumir el gasto. No en vano, ya hemos visto en los últimos años cómo alguna comisión fallera tenía serios problemas para coronar a su reina de las fiestas por la misma razón. Ahora el drama está llegando también a la Corte de Honor y a la Fallera Mayor de Valencia.

Ser falleros, clavariesas o mayorales en tiempos de crisis supone un sacrificio enorme para la mayoría de las familias en todas las localidades valencianas, pero la vocación ayuda a aceptar renuncias durante todo el año con tal de disfrutar de las fiestas.

El problema se presenta cuando solo pueden acceder a la máxima condición quienes disponen de recursos económicos. Ciertamente nada obliga a que sea así pero es la realidad, entre otras cosas, porque parece lógico que la mujer que represente a Valencia procure mostrar sus mejores galas. Esa es la razón que explica la contribución que todos los valencianos hacemos a la fiesta a través de los impuestos municipales.

Y no me quejo de tal aportación pero sí comparto la recomendación de austeridad de la alcaldesa. Es verdad que su negativa a aportar más desde el Ayuntamiento tiene una razón evidente: el recorte presupuestario que viven los consistorios. Ahora bien, no es menos cierto que la crisis debe redimensionar la Fiesta y del mismo modo que los costes de los monumentos deben moderarse, también así los gastos suntuarios de falleras y falleros.

No es que debamos propugnar una ‘fallera todo a cien’ pero sí una cierta contención. Si solo lucen cuatro trajes en lugar de ocho, lo apreciaremos igual. Es más, eso las acercará más a la cotidianeidad que vivimos los ciudadanos y evitará la molesta sensación de que solo quien puede pagarlo, puede representar a Valencia. Si ser Fallera es el sueño de toda valenciana, debe estar al alcance de todas, no de una casta. Eso es lo que deben asegurar las autoridades: la igualdad de oportunidades.