No me había sucedido nunca. También es verdad que hasta hace unos meses no iba con la tarjeta de crédito a la farmacia. Ahora, en cambio, la llevo siempre con el SIP. Así, no me extrañó la pregunta, pero me resultó curiosa. “¿Quieres fraccionar el pago?”, me dijo la farmacéutica. Hasta ahora esa pregunta la había escuchado al comprar un coche, unos muebles o un televisor pero no las medicinas mensuales de mi madre. Me puso carita de pena al ver el monto total pero le dije que no, que prefería un mazazo fuerte que tres patadas en la espinilla seguidas. Cada mes es una escena parecida y yo siempre le comento lo mismo: “¿y qué hacen los ancianos que no tienen el sueldo de un hijo para pagar esto?”. “Pues no venir”, contesta. Y tiene razón. Lo sé porque conozco a la generación “D” de la quinta de mi madre (“D” de “¡De milagro seguimos vivos!”). La que no ha dejado una pastilla, se la ha quitado el médico porque es muy cara o la han llevado a una residencia donde dicen ser partidarios de no dar apenas medicación. O sea, una tila para evitar los nervios y mucha agua para bajar la tensión. Ya no se trata de recortes activos sino pasivos, es decir, no se lo quitamos nosotros, pero le hacemos pagar para que se sienta culpable y usted mismo decida no pedirlo. Sutil y eficaz.

Por eso me he alegrado del varapalo judicial que ha sufrido el Consell con su copago a dependientes y ancianos. No por mí, sino por todos esos que no pueden “quemar la visa” con el último modelito de Daflon. Dice el TSJ que esas tasas han de aprobarlas las Cortes y no el Consell. Aunque el problema por el que se declara la nulidad del Decreto tiene que ver con esos matices jurisdiccionales, la sentencia da una luz de esperanza respecto al fondo de la cuestión. Lo hace cuando refiriéndose a los afectados dice que no parecen ser colectivos “especialmente favorecidos”. De esa forma, pone el foco sobre el núcleo del asunto. No es solo que ningún ciudadano tenga que pagar esa tasa aprobada por decreto sino que, en su caso, se trata de servicios de los que no pueden prescindir y no tienen modo de acceder a ellos si no es por la vía de lo público. Eso es lo que hace tan grave el copago para determinadas personas con una pensión ridícula o con unas necesidades especiales inalcanzables con un sueldo medio. En una situación de atmósfera 0, teórica e irreal, un euro o dos por medicamento es una pequeñez, pero en medio de una crisis, con unos precios de servicios básicos elevados (no hay más que ver los recibos del agua o de la luz) y con el paro y las hipotecas mermando los recursos de cualquier familia, esos eurillos son la puntilla. Y entre ser desahuciado, no tener luz o dejar de tomar las medicinas, optan por esto último porque parece que en la salud mandan ellos y no los políticos. Es mentira. En realidad los desahucian. Literalmente.