A veces nos sorprenden los datos sociológicos que hablan de desconfianza ciudadana hacia determinadas instituciones o colectivos. Sobre todo ocurre con la clase política que, en las últimas encuestas, es vista como un problema por parte de los españoles.

Que ellos sufran desgaste no me preocupa tanto como que lo hagan otros gremios de quienes se espera la garantía de seguridad e imparcialidad. Me refiero, sobre todo, a los jueces.

La Justicia nos asegura una vida en libertad y oportunidades. La política, en cambio, ya no está para prometer nada. Prueba de ello es que cuando ésta falla, siempre nos queda aquella y así lo hemos visto en los últimos años con las investigaciones sobre corrupción.

Los jueces, junto con la prensa, controlan los excesos de los políticos. Por eso resulta tan preocupante una tendencia de los últimos años que aceptamos sin cuestionarnos.

Me refiero al etiquetaje de los jueces. Primero fue aquello de ‘conservador’ y ‘progresista’ y ahora ese procedimiento se aplica con los amigos de los políticos. Se hizo con Garzón y su cacería con el ministro y el jefe de Policía si bien entonces había una diferencia: cuando se les vio juntos fue en medio de una operación en la que todos estos estaban implicados.

Sin embargo, los casos próximos a nuestro contexto son ligeramente distintos. Hablo de Camps y De la Rúa y, ahora, de Luna y Climent. No solo no tengo dudas personales acerca de la integridad de ambos jueces por lo que les conozco sino que me preocupa y mucho que la coincidencia e incluso la amistad con políticos distorsione su reputación profesional. Si alguien duda, que los recuse pero que no eche basura sobre su correcta aplicación del Derecho. Sea cual sea el resultado.

Esa sospecha que obliga al juez a ser apolítico, asexuado y casi autista supone desconfiar de su profesionalidad. Y eso no puede generalizarse sin pervertir algo esencial del sistema.