Dicen los hosteleros que la única forma de conseguir que se cumpla la Ley del tabaco es responsabilizándonos todos de su acatamiento. Un camarero no está habilitado para ejercer de portero ni tiene medidas de fuerza para impedir que un cliente fume. Es por eso que los hosteleros piden colaboración.

Sin embargo, la propuesta de implicación sugerida por la ministra y por el propio texto legal levanta ampollas aunque sea imprescindible. Se refería Leire Pajín a la posibilidad de que se denuncie el incumplimiento concreto de un modo anónimo. Cualquiera de nosotros podremos acudir a las autoridades para denunciar que en un local se está fumando y el denunciado no sabrá quién le ha delatado.

Lo más curioso es cómo, en las primeras horas desde la entrada en vigor de la ley, nuestra preocupación ha sido saber si se cumple y cuántos han ido a denunciarlo. Digo que es curioso porque tradicionalmente no estábamos pendientes de la efectividad de una ley y de la colaboración ciudadana en su puesta en marcha.

Casos sangrantes hay, como el de la violencia contra las mujeres, que no nos han movido a constatar si los vecinos delatan o no, siendo sus efectos devastadores y la concienciación del entorno, esencial para acorralar a los violentos y hacerles sentir fuera de la sociedad.

En esas circunstancias no nos produce interés saber si los conocidos de una víctima han denunciado, por ejemplo, el incumplimiento de una orden de alejamiento cuando sería bastante útil a la Justicia saber que eso sucede y cuándo.

Con ambos casos se está produciendo un incremento de la participación ciudadana en la aplicación de la norma lo que tiene dos consecuencias: la primera, la asunción de esa regla como propia, necesaria y justa, cosa que no siempre ocurre con la prohibición de fumar. La segunda, la conversión del ciudadano en delator, un papel que ayuda a cumplir la ley pero fractura también la convivencia.