Hace pocos años, Mayo 2012, escribí una tribuna de opinión en Las Provincias que he retomado por ser de actualidad ante las nuevas directrices políticas que se avecinan. Las experiencias vividas hay que recordarlas para no repetir errores y enmendarlos en lo posible. Por ello y ser un tema de salud en el que se implica este blog, me parece oportuno rescatarla con pequeños matices dándola mayor difusión en la red para poner de manifiesto los RIESGOS DE LA SALUD PÚBLICA ANTE LA GESTIÓN PRIVADA:

         “Ceder la gestión de la sanidad pública a una gestión privada con la justificación de que la asistencia va a mejorar porque a los facultativos se les pagará en función del rendimiento que les marquen es un riesgo real de empeoramiento del servicio sanitario público, porque el rendimiento que entienden las empresas y sociedades privadas dedicadas al negocio de la asistencia médica lógicamente se basa  en los números económicos ya que las cuentas que tienen que rendir a sus inversores siempre tienen que salir con beneficios.

         Algo así como, si tú me pagas tanto yo me ofrezco a ver tantos pacientes, sea como sea, siendo difícil precisar la calidad asistencial que en todo caso queda supeditada al beneficio económico incuestionable para quien lleva la gestión. Todo lo contrario de lo que se desprende del código deontológico donde la salud está por encima de todo, y más en un servicio público como el que hasta ahora hemos disfrutado como uno de los mejores sistemas de sanidad del mundo, y racionalizar el gasto en la difícil situación económica actual no tiene porqué pasar por el entreguismo a la gestión privada.
      El fondo de la cuestión está en el anteriormente citado sea como sea, donde no queda concretada  la necesidad real del paciente, pues por otra parte apenas se cuenta para ello con los jefes de servicio correspondientes, y por eso la administración últimamente ha creado una nueva figura, la de los  jefes de área, nombrados digitalmente por su afinidad con los gerentes que los tienen atrapados en sus decisiones. Esto ha supuesto descabezar de las áreas asistenciales a los que por méritos científicos y en competencia democrática habían ganado por oposición  esa mayor responsabilidad, decidiendo sin presiones sobre la mejor labor asistencial, por lo que son mucho más fiables defendiendo la óptima asistencia.

       En todo caso al dejar la gestión en manos privadas lo primero que surge es conocer cuál es la responsabilidad de los que han gestionado hasta ahora los centros públicos ya que al ceder en sus funciones de gestión implícitamente se reconocen incompetentes para llevarla a cabo. Lo esperable por tanto es una dimisión de los mismos pues su permanencia representa un gasto doble añadido, como incomprensiblemente está pasando en un período de austeridad con los nombramientos de los denominados jefes de área, figura además no aceptada por la mayoría de los facultativos ya que muchas veces son utilizados como arma arrojadiza contra los mismos. Además su competencia profesional en relación al resto de los facultativos no ha sido contrastada debidamente por un examen objetivo ya que el tribunal es siempre mayoritario por parte de la administración y la memoria, de valoración muy subjetiva, siempre es determinante en la adjudicación de las plazas, por lo que las dadas así nunca deberíamos considerarlas como validadas.

       Volviendo al proyecto de gestión privada no somos tan ingenuos como para olvidamos que en cualquier negocio, incluso cuando de trata de salud, priman los rendimientos económicos, en contra de las prioridades que dicta el juramento hipocrático. Es un riesgo forzar a los facultativos ante la tesitura de unos objetivos que necesariamente tengan cumplir para mantener sus sueldos porque ello va repercutir en aspectos asistenciales como los tiempos de dedicación a los enfermos, máxime ahora que se ha empeorado con la nueva sistemática de hacer las visitas a través de un ordenador en donde el paciente se queja de que apenas se le mira a la cara y además eso tampoco agrada al facultativo que generalmente desaprueba esa dinámica. No veo a los gestores privados entendiendo que explicar a unos padres que su hijo es autista, epiléptico, o un hiperactivo, conlleva mucho mas tiempo que los 15 minutos que se asignen por visita, pues esa decisión corresponde a los médicos y es irrenunciable.
       Finalmente hay que tener presente que a los facultativos se les han recortado sus emolumentos al recortar la carrera profesional, y que los sueldos están muy ajustados para el esfuerzo que supone haber tenido que formarse durante una década entera y tener que estar constantemente al día para ejercer una sanidad competente. No dudo de los colegas, pero cuando en estas circunstancias se pretendan unos rendimientos donde por encima de todo vayan a primar los resultados económicos nos arriesgamos a una sanidad peor, condicionada por gestores que prioricen los resultados económicos frente a las necesidades del paciente.”