CRÍTICA DE LA ACTITUD DE LA CONSELLERÍA HACIA LA SANIDAD PRIVADA, QUE SE BASA EN MOTIVOS IDEOLÓGICOS, NO EN CUESTIONES PROFESIONALES

Las consideraciones oficiales sobre la medicina privada siguen con las veleidades de los últimos años: ahora sí que es válida, después no, luego otra vez sí, o solo cuando les interesa, como ahora con la pandemia Covid-19. ¿Quien se aclara con esta Consellería de Sanidad?.. Para rechazar a la asistencia médica privada suelen recurrir a consideraciones fundamentalistas, por principios, porque por criterios científicos y de salud no se encuentran argumentos en la medicina de la evidencia.

Hablando de las consultas o clínicas privadas (grandes “holdings” hospitalarios aparte, porque algunos incluso ya están funcionado dentro de ciertas instituciones sanitarias públicas), la actitud de la sanidad oficial actual es demonizar todo lo que suene a las consultas de la medicina privada. Eso sí, hasta cuando la enfermedad les afecta personalmente o a sus allegados, como hay ejemplos conocidos.

No hay razón para ir en contra de los consultorios privados que hacen su trabajo muy bien, son centros con facultativos colegiados y autorizados oficialmente por la Consellería de Sanidad, pagan sus impuestos, cumplen con numerosas contrataciones laborales sanitarias que alivian el paro y suponen buenas recaudaciones para el erario público.

Pero cuando el paciente va a su médico de la seguridad social con el diagnóstico de un médico privado, en vez de analizarse objetivamente lo realizado o indicar otras acciones sanitarias por el facultativo público según su propia experiencia, desde  la Consellería instan a la desconsideración de la labor de los médicos que hacen medicina privada, sin apenas valorar sus informes y las exploraciones ya realizadas.

Esta actitud en contra de la asistencia privada se reflejó también en la eliminación de los conciertos de asistencia terapéutica especializada a los niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) en los centros específicos privados designados por la anterior Consellería de Sanidad. Desde el gobierno del tripartito uno de los objetivos fue anularlos, aunque funcionaban de forma muy satisfactoria como manifestaron públicamente las plataformas de los familiares de niños con TEA.

La resolución fue pasar esa atención específica concertada privada a otra Consellería, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, para que dependiese de los Centros de Atención Temprana. Parecía que se desvestía un santo para vestir a otro, pero fue peor porque no aumentaron los recursos y desaparecieron puestos de trabajo al no dotarse de forma satisfactoria a dichos centros con profesionales de nueva incorporación.

Las consecuencias son que han aumentando los ratios de asistencia por niño, se han alargado los índices de frecuentación así como los tiempos de espera, con el deterioro asistencial consecuente. Por ello no solo los padres de niños con TEA, sino los profesionales que les atienden, realizaron manifestaciones callejeras de protestas ante la Consellería.

SE REPITEN PRUEBAS QUE YA HA HECHO LA MEDICINA PRIVADA, CON LO QUE SE SOBRECARGA LA ASISTENCIA HOSPITALARIA

Volviendo a la atención ambulatoria prestada por la asistencia médica privada, cuando esos pacientes van a su centro de salud se les ponen muchas reticencias para la administración de los tratamientos que les hayan indicado y necesitan, sin analizar los informes justificativos que presentan, ni la conveniencia o no de los mismos.

Entonces se les remite con frecuencia directamente a sus hospitales de la medicina pública, aunque ello implique repetir algunas pruebas como si éstas saliesen gratis a la seguridad social. Con ello además se sobrecarga una asistencia de por sí muy saturada en los centros hospitalarios, que tienen tiempos de atención limitados, y se incrementan de forma perjudicial las inaceptables listas de espera.

Debe tenerse presente que las personas que van a las consultas particulares lo hacen por su propia decisión e interés y si la pública quiere incitarles a que acudan a sus médicos e instituciones, la mejor solución sería ofrecer una calidad asistencial de excelencia, sin esperas y con un mayor tiempo disponible para las consultas.

Por encima de las consideraciones de la medicina pública o de la privada está el anhelo del usuario de que lo que desea sobre todo es una buena medicina, la mejor. Si eso lo encuentra en la pública no hay duda que dejaría de ir a la privada, pero defender la sanidad pública demonizando la asistencia privada es mezquino e injusto. Es como si una persona al subir al autobús se le pusiese mala cara por haber ido anteriormente en taxi.

El anhelo de la búsqueda de la salud óptima es un derecho prioritario para el paciente, siendo en todo caso una elección personal que implica un dispendio que se asume voluntariamente. Por ello no es de recibo la actitud en contra, ni esas consideraciones veleidosas de la Consellería de Sanidad, que unas veces dice no a la medicina privada y otras sí, como quien deshoja la margarita.