El crowfunding es un sistema mediante el cual una pyme o un autónomo recibe muchas aportaciones pequeñas de inversores que no tienen porqué conocer al empresario. La traducción más aproximada es la de micromecenazgo. No se trata de una fórmula inédita ya que la han utilizado empresas como la banda valenciana Aspencat o la asociación Nittúa. Sin embargo, el Gobierno espera tener a final de 2014 una legislación específica para organizar este tipo de inversiones.

La nueva ley no opta por la denominación oficial en castellano de este tipo de vehículo de inversión, que se llama plataforma de financiación participativa sino que opta directamente por el nombre en inglés de crowfunding.

Estas plataformas son páginas web que ponen en contacto a empresarios o proyectos con minifinanciadores que, como máximo, pueden aportar 3.000 euros cada uno al año. El sistema consiste en que el empresario expondrá la necesidad de dinero (con un máximo de un millón de euros) y el plazo en el que lo necesita así como la rentabilidad que ofrece en una duración determinada. Una opción sería pagar un 10% a un año. O un 7,5% el primer año de intereses y al segundo año se devuelve la inversión y otro 7,5% de intereses, por ejemplo.

Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que no pondrá límites de inversión a los profesionales, que podrán destinar todo el dinero que consideren oportuno a un proyecto. Por inversor profesional se entiende en principio a aquellos con una renta disponible de al menos 100.000 euros. Desde la aprobación el pasado 28 de febrero del anteproyecto de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, las plataformas Lendico, Zank, Arboribus, Comunitae y LoanBook, entre otras, habían pedido que se aumentaran estos límites.

La plataforma cobrará una comisión y una multitud de inversores (eso desearán los que las promocionen) pondrán pequeñas cantidades. Este sistema está diseñado de forma que no pueda existir nunca un inversor mayoritario ya que nadie podrá destinar más de 12.000 euros al año en el conjunto de todas las inversiones que realice en una plataforma.

Estos vehículos inversores estarán sometidos al control de la CNMV y el Banco de España aunque de manera muy superficial y hay que tener claro que se trata de productos de alto riesgo ya que existe la posiblidad muy real de perder parte o toda la inversión. La rentabilidad y fiabilidad de este tipo de plataformas para los inversores se sabrá cuando exista un histórico de inversiones, cuestión para la que faltan años. Por el momento, la única pista es saber quién esta detrás de la plataforma.