El Gobierno español ha demostrado en los últimos meses la capacidad que tiene para tomar medidas rápidas y que creían que iban a tener una gran repercusión aunque finalmente sean absurdas. Con la reducción del límite de velocidad para autovías y autopistas de 120 a 110 km/h, puso de manifiesto cómo se toma una decisión sin sufrir la farragosa burocracia que suelen tener todas las leyes o cambios normativos. Se hizo con un objetivo claro: reducir la dependencia del petróleo, un principio que es aceptado por toda la sociedad. El único problema (aunque ahí está la madre del cordero) es que la medida es inadecuada ya que no cumple el propósito inicial al no haber tenido ni la más mínima repercusión.

Por intentar ver algo positivo en el sinsentido del límite de velocidad (que era de 120 km/h por su seguridad y se bajó a 110 porque el Gobierno decidió que debía gastar menos gasolina), la medida se tomó sin tener que celebrarse miles de reuniones en las que no se decide nada más que postergar la decisión. Es decir, es posible legislar rápido.

En un mundo político que sabe que reducir costes genera votos (y además es bueno) y además calma a los mercados, no estaría de más que se cumpliera la recomendación de la Unión Europea de que el pago del IVA se realice cuando el emisor de la factura la cobra y no cuando la emite (como es actualmente). Este cambio, que se puede decidir sin que tengan que mediar largas reuniones, supondría un gran alivio para miles de autónomos y empresas que dejarían de financiar con los adelantos de pago del IVA a las administraciones públicas.

Se mire como se mire, que un autónomo tenga que pagar el IVA de un servicio que va prestar o una mercancía que va a entregar sin que haya cobrado por ello es un sinsentido mayúsculo. Si el Gobierno fue capaz de precipitarse con medidas absurdas como la velocidad, bien podría solucionar este sistema de cobro de impuestos ilógico también por la vía rápida.