El ánimo económico ahonda en su profunda depresión. Da igual que algunos, que los hay, encuentren empleo en verano o sus empresas consigan el pedido o cliente que les permita dinamizar sus ventas. Cada día estamos pensando en qué recortes nos van a caer mientras que el malestar, especialmente focalizado en la banca, sigue calando en la sociedad que ve en primera línea los disgustos y ya ha olvidado las alegrías.

Uno de los disgustos esperados, como ya dije hace tiempo, es la subida del IVA. Dolerá en su tramo general pero aún más en el hiperreducido, ese que va a pasar del 4% al aún no se saben cuánto pero que nos encarecerá el pan, huevos y multitud de productos básicos.

Desde el punto de vista más macroeconómico, subir el IVA hiperreducido es, sin embargo, una medida coherente. Implicará seguro más recaudación, que es lo que necesita el Estado, ya que este impuesto se aplica en bienes inelásticos, es decir, que independientemente del precio, el nivel de consumo no varía prácticamente.

La política económica debe, por tanto, mirar qué subidas de impuestos o recortes realiza y qué rentabilidad económica realmente recibe. Un ejemplo de error estratégico sería, por ejemplo, reducir el número de meses en los que existe derecho a la prestación por desempleo. Actualmente son dos años.

Si nos fijamos en los datos de la EPA, el número de parados con más de dos años en esta situación se ha multiplicado por cinco en tres años: De 377.200 en el primer trimestre de 2009 a los 1.545.600 del mismo periodo de este año. El número de parados, en el mismo periodo, ha pasado de 4 millones a 5,6 millones.

Esto significa que un 27,4% de los parados de España ya no tiene derecho a la prestación por desempleo por llevar más de dos años sin empleo (en 2009 eran el 9,4%) por lo que una reducción del plazo no implicará una sustantiva rebaja en el gasto de la prestación. Es una medida tremendamente impopular, como lo es subir el pan, pero que en la que no se conseguirá un resultado económico consistente.

Tampoco servirá, como se ha defendido en otras ocasiones, para que el parado alargue su periodo desempleo cobrando del Estado y sin buscar trabajo. En la última EPA disponible la cifra de parados de más de dos años (1,54 millones) es ya muy similar a la de parados de menos de seis meses (1,64). Previsiblemente, en los próximos meses serán más los desempleados de larga duración que los recién despedidos.

Al margen de los recortes, necesarios e ineludibles, España, tanto desde el poder político como desde el judicial, debe dejar claro qué conductas va a considerar oportunas y cuáles va a censurar.

¿Queremos un país en el que una profesora de ballet es la juez que controla las decisiones estratégicas de una entidad financiera (ver noticia)?

Recuerdo que Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, dijo en la entrevista que publicamos hace unas semanas, que no es sostenible que si una persona pierde y hace perder a su empresa salga encima como ganadora y los bolsillos llenos. ¿Queremos censurar estas actitudes o preferimos seguir en un país en el que todo vale y cuanto más poder tuviste más inmunidad ganas?

El IVA va a subir y la pregunta que planteo es: ¿Qué prefieres?

A) Que suba el IVA y que ningún banquero pague por sus errores.

B) Que suba el IVA pero los errores que nos han llevado a esta situación tengan su castigo en forma de un banquero en la cárcel (Olivas, Rato…).

C) Que digan que no sube el IVA, luego que sí, después que no y finalmente que sí mientras se presentan muchas demandas contra banqueros pero con una justicia lenta y tediosa en la que no se sepa qué va a pasar más allá de que algún delito está cerca de prescribir.

Sólo pido una cosa: Que no sea la C, por favor.