El urbanismo ha sido uno de los caballos de batalla del nuevo gobierno valenciano en sus años de oposición. Seguramente no por convicción, sino porque la política hace mucho que quedó reducida al juego de rechazar todo lo que provenga del contrario. Hay que reconocer que buena parte de razón no falta en el argumentario de quienes hoy nos gobiernan: en los años dorados de la construcción los límites no parecían necesarios. Ahora, en cambio, nadie duda de la necesidad de poner orden, antes de que vuelva a ser tarde, aunque corremos el riesgo de pasarnos de frenada.

Ya hace un año desde que la Generalitat anunció el Plan territorial del litoral valenciano (Pativel, por las siglas de su larguísimo nombre completo). No es algo nuevo; se imita a otras comunidades autónomas. El acto de presentación del plan ya era una declaración de intenciones: se celebró en pleno parque natural de L’Albufera. Verde es el litoral que se quiere. Una extraña contradicción, porque los asistentes acumulaban varios centenares de coches en la entrada del lugar.

La idea declarada es evitar que la urbanización desmedida termine por conquistar el litoral valenciano –que, a pesar de la creencia popular, está urbanizado sólo en un 40%-. Una idea que es de muy fácil defensa con la imagen de aberraciones estéticas como el famoso –y por otra parte, marginal- Marina d’Or en la retina. Una idea que choca con la extrema degradación que sufren zonas de nuestro litoral abandonadas de la acción pública desde hace décadas, salpicadas de viviendas ilegales, industrias abandonadas e infraestructuras lineales.

No cuesta convencer de la necesidad de abordar la protección del litoral, pero antes de hacerlo debemos preguntarnos qué resultado queremos. Sabemos que el laissez-faire es un riesgo inasumible, pero no podemos ignorar que dejarnos invadir por la ideología banana (término inglés que significa no construir nada, nunca, en ninguna parte) es un peligro aún mayor.

Está claro que no podemos plantear proyectos de pura megalomanía, como de los que se huye, aunque sorprendentemente el Manhattan de Cullera y otros equivalentes se construirán en el litoral con el visto bueno del Consell, que teme las indemnizaciones que debería pagar si los prohibiese. Pero más claro todavía deberíamos tener que el litoral valenciano –como cuando hablamos de la huerta- requiere de actuaciones que sobrepasan, por mucho, la mera hiperprotección prohibicionista.

El Pativel es un instrumento puramente político, sin estudio económico ni presupuesto, sin explicación de cómo se pagarán los miles de millones de euros en indemnizaciones a los propietarios –que difícilmente la Hacienda valenciana puede soportar- o de cómo se adaptarán los planes municipales a una norma autonómica que en muchos casos los hace inviables.

El objetivo declarado de la Generalitat es prohibir cualquier nueva edificación en la costa valenciana. Y es legítimo, pero no es sensato. Menos todavía cuando para ello no importa condenar a la degradación más extrema innumerables zonas sin valores ambientales ni interés paisajístico cuyo abandono histórico se acrecentará en manos de propietarios privados que no pueden asumir las inversiones para ponerlas en valor. Tampoco cuando no importa impedir el desarrollo de dotaciones públicas –como institutos o incluso jardines-, que están previstos por los ayuntamientos, y para los que no se dan alternativas.

Por otra parte, pocas veces se encuentra un consenso tan claro entre los juristas: si el Pativel llega a aprobarse tal y como está redactado será recurrido de forma inmediata por centenares de interesados y será, seguro, anulado por nuestro Tribunal Superior de Justicia. Y es que ni las prisas por presentarlo ni el empecinamiento del Consell por mantener su contenido facilitan su trámite judicial a los abogados de la Generalitat.

Conviene una reflexión sensata y sosegada sobre la necesidad de un plan que no convence a nadie y que tiene los días contados. Conviene escuchar a los académicos y a los profesionales del urbanismo que dan –damos- la voz de alarma sobre la inviabilidad del Pativel y de las políticas que representa. Conviene atender a las necesidades de los vecinos y de los propietarios de suelo, como a las advertencias de los alcaldes, que escuchan a ambos.

El error del Pativel está, como tantas veces, en proteger sin preocuparse por preservar. En congelar sin poner en valor. En que queramos pasar de un urbanismo que canibalizaba sin rubor el territorio a otro que lo diseca para que se conserve eternamente, pero muerto. Y en que todo ello se haga desde la imposición y el bloqueo, en lugar del diálogo y el análisis. Es necesario proteger el litoral valenciano, como también es necesario proteger la huerta u ordenar las grandes áreas metropolitanas, pero sus normas no pueden ser la punta de la lanza de una venganza contra el pasado.