La historia es la que sigue. Los jueces, fiscales, secretarios judiciales y forenses recibieron hace unos años, a finales de 2008, unos ordenadores portátiles. De entrada, una buena medida. Si estos profesionales se ven obligados a trabajar desde casa, la Administración debe poner medios.  La entrega de los primeros portátiles -las fuentes discrepan si fueron 1.200 o 1.400 ordenadores- se produjo en una rueda de prensa en la que estaban presentes el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, y la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León. Quizá también la fiscal jefa de Valencia, Teresa Gisbert. Había que darle bombo al asunto.

Desde entonces, absolutamente todo, se hizo mal. La idea de los portátiles se vendió, además, como un ahorro para las arcas públicas. Los fiscales y forenses gastaban dos millones de euros al año en taxis para desplazarse a los diferentes juzgados. Ahora ya no iba a ser necesario. Muchas de estas comparecencias se sustituirán por videoconferencias, proclamaron en su día los promotores de la brillante iniciativa. Resulta cómico que seis años después del anuncio no se instalara el software necesario para estas conexiones. No era el único problema. Tampoco NUNCA se pudo conectar el aparato a internet desde casa. Algunos profesionales lo usaban. Les hacía papel, que suele decirse. Otros, con suerte, dejaban que los ordenadores cogieran polvo en alguna habitación de casa o eran utilizados por algún hijo para romper mano.

Y pasaron los años. Y las licencias de algunos programas caducaron. Pero entonces los tiempos habían cambiado. El dinero ya no fluía por la Generalitat como en la época de bonanza. Vamos, que estaban tiesos. Y aquello del Plan de Modernización era más que prescindible. Total, que a alguna cabeza pensante de la Dirección General de Tecnología de Información, se le ocurrió reclamar los portátiles. El objetivo era entregarlos a colegios o ONG´s que necesitaran material informático. Pero claro, estos ordenadores, antes de esta donación, debían ser limpiados y formateados. Algunos de estos portátiles tienen información sensible. La habilidad para buscarse un problema donde no lo había es digna de elogio. Pero nada, tiraron para adelante.

La orden de devolución no despertó ningún entusiasmo entre los supuestos perjudicados. Nadie esperaba una avalancha de jueces y fiscales haciendo cola para devolver ordenadores como locos. Pero de ahí al pasotismo como respuesta que tuvo el escrito de Justicia, va un mundo. Al principio, se pidió paciencia. “Hablamos de gente seria. ¡Qué son jueces y fiscales!. Claro que lo devolverán. Tranquilidad, tranquilidad…” Este mensaje esperanzador se fue ahogando en un significativo silencio a medida que el número de ordenadores devueltos seguía en cifras paupérrimas. Algunos de los afectados, sin micrófonos de por medio, reconocían abiertamente que no tenían ninguna intención de entregarlo. Otros se hacían los despistados: “No he recibido nada. ¿Una carta, dices?”.  “Me lo voy a tomar con calma”, era uno de los eufemismos. Esta situación dejaba a la Generalitat con un problema. Fue un error pedirlos, pero ahora asistían atónitos a esta desobediencia por parte de los profesionales. “Pero, cómo puede ser esto?”, se preguntaban algunos.

Finalmente, los que incumplieron la orden han ganado. La Conselleria de Justicia ha hecho llegar una carta al TSJ y a la Fiscalía para aclarar que ahora SÍ quien quiera que se quede el dichoso portátil siempre que se encarguen ellos del mantenimiento. Para este viaje no hacían falta alforjas.