1. Transmisión de información sobre violencia de género.

Los medios de comunicación han conseguido en los últimos años que la violencia contra la mujer haya superado su dimensión estrictamente privada, policial y judicial para pasar a ser considerada como un atentado hacia la propia sociedad, un ataque a la esencia de la democracia.

La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer debe garantizar, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se debe tener especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Además, los medios de comunicación deben fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos, así como no embellecer las informaciones sobre violencia de género (es decir, omitir detalles escabrosos para evitar el morbo y el sensacionalismo) y preservar los derechos de la víctima.

Pero es también obligación del funcionario policial no facilitar determinada información sobre la violencia de género. Asimismo, nunca se deben facilitar a los medios de comunicación la filiación de las víctimas ni sus direcciones.

La identidad de la víctima se debe proteger al máximo, ya que la difusión de un caso de violencia de género conlleva una segunda victimización en muchos casos.

Cuando se facilitan datos a los medios de comunicación sobre un caso de violencia de género (a través de una nota de prensa o declaraciones de un portavoz policial) se deben evitar entrar en aspectos que pudieran interpretarse como justificación de la acción violenta o eximentes de responsabilidad.

Así, la principal pauta es respetar la intimidad de la víctima y sus familiares. Tanto los periodistas como los funcionarios policiales que ejercen de portavoces tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de la mujer maltratada. Para ello, los agentes no pueden facilitar a los periodistas ningún dato identificativo de la víctima ni sus familiares.

En las notas de prensa referidas a episodios de violencia de género sólo hay que reseñar la edad de la víctima, pero en ningún caso su nombre, ni dirección del domicilio familiar, ni el nombre de la población donde ocurrió el delito si la localidad tiene pocos habitantes y es fácil reconocer a la persona afectada.

Respecto al detenido, los medios de comunicación suelen omitir los nombres y apellidos de los implicados y los sustituyen por las iniciales, excepto si el asunto afecta a personas de relevancia pública.

Una vez que hay sentencia firme, nada impide a un periódico publicar los nombres y apellidos de los condenados, aunque se deben omitir estos datos en los casos, por ejemplo, de que los detenidos sean menores de edad o se reconozca a una víctima por la identidad del agresor.

2. Consecuencias penales.

Tanto los gabinetes de prensa policiales como los propios periodistas deben poner especial énfasis en las consecuencias penales a la hora de transmitir o publicar, respectivamente, una información sobre violencia de género.

Todas las semanas se difunden notas de prensa con estadísticas sobre el número de detenidos por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los juzgados también facilitan sentencias a los medios de comunicación sobre condenas por delitos de violencia de género.

Convertir una noticia en espectáculo, destacar excesivamente un episodio de violencia de género o poner un titular sensacionalista conlleva un riesgo, ya que el autor del delito de violencia de género tiene tendencia al protagonismo. Además, algunas noticias sensacionalistas refuerzan las actitudes de un maltratador debido al efecto mimetismo.

Las imágenes sangrientas, los dramas contados con exceso de morbo, la información poco contrastada y los testimonios inoportunos de algunos vecinos ayudan muy poco en la prevención de los malos tratos en el ámbito familiar. Los expertos en delitos de violencia de género no son partidarios de la censura, pero insisten en que hay que informar con más prudencia y menos sensacionalismo.

3. La segunda victimización, un sufrimiento añadido.

Las personas que sufren episodios de violencia de género padecen en muchos casos lo que se conoce como segunda victimización, que es un sufrimiento añadido que les infieren las instituciones y profesionales encargados de asistir a la víctima, investigar el delito o instruir las diligencias: policías, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, entre otros.

Asimismo, la segunda victimización es la angustiosa situación que supone revivir el papel de víctima durante el protocolo de actuación para los casos de violencia de género, y con el agravante de que este nuevo daño psíquico se genera por la intervención de instituciones y profesionales de las que la víctima espera ayuda y apoyo. Por ello, la persona afectada no es sólo víctima de un delito, sino también de la negligencia del sistema.

El daño psíquico que sufren las víctimas de malos tratos, así como la vulnerabilidad de estas personas, conlleva que sea más fácil que puedan padecer nuevos perjuicios, especialmente si reviven el episodio de violencia varias veces en una relación asistencial (médica, policial, jurídica, psicológica, social, etc.) que genera la segunda victimización.

El protocolo de actuación en los casos de violencia de género victimiza de nuevo a la persona afectada al obligarla a contar la historia de su trauma por enésima vez, con el consiguiente riesgo de recaída en el daño moral padecido.

La calidad de la atención sanitaria, policial y periodística determinará si la víctima presenta en un futuro nuevas denuncias por violencia de género. La intervención debe ser apropiada en función de la situación de crisis de la persona afectada. Los objetivos en la primera toma de contacto o primera actuación del funcionario policial son fundamentalmente dos: aumentar la seguridad personal de la mujer agredida para que se sienta protegida y seguidamente informarle de sus derechos.

En definitiva, hay que reducir al mínimo las molestias a las mujeres derivadas de las intervenciones de diferentes profesionales e instituciones. Esto se consigue cuando se presta a la víctima una atención lo más adecuada, agradable y eficaz posible. El protocolo no ha de ser seguido sin contemplaciones por la persona afectada, sino que son los profesionales (sanitarios, agentes sociales, psicólogos, funcionarios policiales, abogados, jueces y fiscales) los que se tienen que coordinar para actuar según las características específicas de cada víctima y sin generar más daños psíquicos a las mujeres.

El sentimiento de indefensión, la sensación de que le responsabilicen en parte del episodio de violencia, la presunta indulgencia con el agresor, o el hecho de que pongan en tela de juicio los hechos que relata o juzguen su forma de vida, su indumentaria, etcétera, son aspectos que contribuyen también a la segunda victimización y que afectan a la toma de decisiones de la mujer afectada.

Durante la entrevista que periodista o el funcionario policial mantienen con la denunciante hay que evitar realizar comentarios que puedan generar un sentimiento de culpabilidad en la mujer. Existe una tendencia en las víctimas a sentirse personalmente responsables o culpables por el incidente traumático, por no ser capaces de detener la violencia o por tolerar los malos tratos. Además de informarle de sus derechos, el agente puede hacerle comprender que no está sola y que otras personas se interesan por ella y le ayudarán a superar el trauma.

Si se actúa con delicadeza y eficacia desde el principio se puede reducir la carga de culpabilidad y autocondena que pesa gravemente sobre las víctimas de malos tratos, y evitar su segunda victimización.

En los casos en los que las víctimas o los testigos son niños se debe evitar que los procedimientos sufran dilaciones innecesarias. El lenguaje y los aspectos formales tienen que tener en cuenta la edad y el desarrollo del menor. Asimismo, los funcionarios policiales tratarán de que el niño no declare más veces (de las que estrictamente sean necesarias) sobre los mismos hechos violentos que sufrió o presenció.

4. Tercera o cuarta victimización.

Además de los policías, guardias civiles, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, existen otros factores sociales que pueden generar la segunda, tercera o incluso una cuarta victimización. Estos son los medios de comunicación. Asimismo, el tratamiento informativo de una noticia o reportaje sobre un caso de violencia de género puede hacer mucho daño a la persona protagonista de esa información, es decir, a la víctima.

Si ya es vejatorio para una mujer sufrir malos tratos o una agresión sexual, puede resultar aún más humillante para esta persona que todo el barrio o el pueblo conozca su caso a través de los medios de comunicación.

Por ello, el respeto a la intimidad de la víctima y de sus familiares tiene que ser la principal pauta tanto para los periodistas como para los gabinetes de prensa policiales. Los medios de comunicación tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de las víctimas, por lo que no debenfacilirar ningún dato identificativo de estas personas ni de sus familiares.