Las Provincias

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La alcaldesa del PP denunciada por quitar multas que recurre a Ribó
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Rallo | 12-11-2015 | 09:58| 0

La exalcaldesa de Carlet.

Resulta extraño encontrar mayor unanimidad en la protesta vecinal que en las multas de tráfico. Quizá porque raro es aquel que nunca ha sido multado y más todavía quien reconoce su culpa. Por eso este tipo de noticias despiertan siempre gran expectación. Recuerdo especialmente un caso relacionado con esta actividad sancionadora. El de la exalcaldesa de Carlet María Ángeles Crespo, una histórica del PP que fue denunciada por la fiscalía por presionar a los policías para que anularan determinadas multas de tráfico. La investigación se sigue en el juzgado número 3 del municipio. Al parecer, la responsable anotaba en los expedientes «anular» o «ratificar» según el destino final que quería que tuviera la sanción. El caso comenzó a raíz de la denuncia del exjefe de Policía Local del municipio quien reveló presiones para dejar de multar a los residentes. Supuestamente una de las propuestas de Crespo, ahora imputada, era que antes de sancionar a un infractor por una doble fila entraran en los comercios cercanos para encontrar al conductor.

La exalcaldesa, que también fue senadora del PP, se encuentra representada por el abogado Javier Boix. Cuando alguien se ve en apuros no hay ideología que valga, cualquier propuesta es aceptada. Así, recientemente solicitó en el juzgado que se admitiera un recorte de prensa en el que se recogía la medida del actual alcalde de Valencia de limitar la velocidad en el centro histórico a 30 km/h pero no sancionar a los que incumplieran la norma. El letrado trataba, con escaso éxito a la vista del resultado, de comparar la situación investigada con la medida de Joan Ribó. La juez ha rechazado esa documentación. “No tiene nada que ver con la presente causa”. Se trata de un supuesto “distinto”.  Y tan distinto. Cómo se puede comparar una normativa ex novo, que no incorpora sanción para los conductores, con presuntamente saltarse la aplicación de aquellas que sí la tienen.

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El lío de los desahucios por un policía
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Rallo | 10-09-2015 | 11:44| 2

La comitiva judicial, en un desahucio.El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia maneja a la perfección la política de gestos. El hacer de cara a la galería, asignatura en la que obtienen un sobresaliente, suele ser un buen método para conseguir el aplauso de los votantes. Entre las iniciativas de este capítulo, con las que se puede estar más o menos de acuerdo, sobresale la apertura del balcón del consistorio a los ciudadanos. Una decisión que goza del respaldo de buena parte de los valencianos.

La semana pasada esta forma de hacer política experimentó un pasito más. La Policía Local iba a dejar de participar en desahucios. También es una forma de marcar distancias con el pasado. La Policía del PP sí iba a los lanzamientos, mientras que la del PSOE-Compromís y València en Comú no lo hará. Se acabó lo de colaborar con los juzgados porque no existe obligación, argumentaron. No tardó el PP en responder en su recién iniciada labor de oposición. La magnitud del asunto así lo requería. Alertaron los populares de que el alcalde podría incurrir en un delito de prevaricación y los agentes, en uno de desobediencia. Ojo. Cuidado. Ante el anuncio y semejante contestación, cualquiera imaginaría que cada jornada un número importante de agentes colaboraba con la comitiva judicial en los desahucios. Algún lector, en la vorágine de los acontecimientos, pudo pensar en una treintena de agentes. Otros, más cautos, reducirían la cifra a veinte o incluso diez. Menos imposible.

La realidad es que sólo había un agente. Existen dos comitivas judiciales y sólo una -y no siempre- iba con un policía. Se trataba de una función de acompañamiento, de transmitir confianza al estar con una persona de uniforme. El otro grupo nunca iba escoltado. Pero más allá de esta cuestión, cuando realmente se preveía que podía existir un problema de seguridad siempre se avisaba a la Policía Nacional. Igual que se va a seguir haciendo. En realidad, el anuncio no cambia absolutamente nada. Bueno, sí. La Policía Local gana un efectivo más. Y seguirán interviniendo siempre que, como consecuencia de un desahucio, sea necesario regular el tráfico por la concentración de personas en la calle, tal y como ocurrió el pasado martes.

 

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Acusados con Ipad en el juicio
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Rallo | 22-04-2015 | 19:17| 1

La eclosión de casos de corrupción ha generado la aparición de nuevos personajes. Por ejemplo, el del imputado feliz. Su versión es mostrarse orgulloso de que por fin goza de esta condición para poder defenderse en los tribunales. El mundo al revés.Existen varios precedentes que son capaces de interpretar la realidad con códigos tan poco habituales. De igual modo, prolifera en los últimos tiempos el caso de imputados con jefes de prensa. Incluso procesados y acusados cuentan con personal para gestionar su imagen en los medios y las explicaciones que quizá no hayan quedado claras en la sala. Con el juicio por la trama de facturas falsas, que salpicó la construcción de Terra Mitica, ha aparecido otro perfil hasta la fecha desconocido: el acusado con tableta mientras está siendo juzgado. Se trata de uno de los hijos del empresario Vicente Conesa, que no hay día que se le olvide el aparato. La presidenta del tribunal advirtió al inicio del juicio de que no se podían utilizar móviles ni otros dispositivos. Lo lógico es pensar que los Ipads están incluidos. La distancia del tribunal con los acusados en la sala habilitada para la celebración del juicio impide controlar estas conductas. También se desconoce si el acusado está navegando, aunque no tendría mucho sentido cargar todos los días con el equipo para no utilizarlo. Quizá sólo tome notas de lo que allí acontece. Salvando las distancias, el caso recuerda al comportamiento de Francisco Camps en el juicio de los trajes en el que fue declarado no culpable. Nunca antes, al menos en los juicios de relevancia mediática, se había visto al acusado lector. Camps popularizó esta figura con  “La ruta antigua de los hombres perversos”, obra de un historiador francés que relata la traición que sufrió el santo Job. También el expresidente de la Generalitat, en un juicio que duró cerca de un mes y medio, mandó mensajes desde su teléfono móvil e incluso lanzó besos y saludos al público. El juez Climent le recriminó su actitud en repetidas ocasiones.

Uno de los acusados, con su tableta durante el juicio.

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Comida de despedida a Torres-Dulce, 75 euros por barba
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Rallo | 11-02-2015 | 13:23| 1

Los fiscales han recibido recientemente la invitación a la comida de despedida del anterior Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Suele ser habitual la organización de este tipo de eventos para celebrar -puede ser también para lamentar-  una despedida, jubilación y/o cambios de destino de jueces y fiscales. La colaboración para este último sarao, que se celebrará en un hotel de Madrid, es de 75 euros por barba. No se espera una asistencia masiva desde Valencia. El importe es ligeramente superior a las ‘reuniones’ en la Comunitat, suelen rondar los 50 euros. El importe incluye un regalito para el homenajeado. Últimamente se imponen las tabletas. En Valencia, por citar los ejemplos más destacados, se han celebrado comidas con la jubilación de Juan Luis de la Rúa, de José Flors, instructor de la causa de los trajes, la del magistrado Eduardo Boscà, la marcha del fiscal Antonio Montabes al Tribunal Superior de Justicia… Hubo un caso, la jubilación del fiscal superior Ricard Cabedo en el que se eligió para el almuerzo el restaurante del Club de Tenis Valencia. Precisamente el mismo lugar que frecuentaba el expresidente Camps para intercambiar unos golpes. En la pista, claro. Menudo cóctel para compartir sala.

A veces resulta tan importante quién se va como quién llega. En este sentido, la Fiscalía de Valencia recibirá en breve a la exvocal y exportavoz del Poder Judicial, la fiscal Gabriela Bravo. Tras su etapa en el Consejo se quedó en la secretaría técnica de la FGE. Un puesto que muchos responsables consideran más que interesante. La llegada de Consuelo Madrigal, sin embargo, supuso un movimiento de fichas en el departamento. Bravo y otros responsables han salido hacia sus destinos. La fiscal no regresará a la sección de Menores sino lo más probable es que recale en Penal. Afirma estar muy contenta de volver a ponerse la toga.

También circula el comentario de que el actual secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, prepara su regreso al ministerio público. El eterno aspirante a las más altas cotas de la conselleria lleva anclado en el segundo escalón desde que inició su carrera política. Cada oportunidad -seis consellers han desfilado por su departamento- iba acompañada de una decepción. Las elecciones no auguran nada bueno para el PP. Gastaldi ya ha sondeado las posibilidades de este regreso con la fiscal jefa de Valencia, Teresa Gisbert. En su vuelta se encontraría con quien fuera conseller del PP, Jorge Cabré, ya reincorporado a la vida judicial.

¿Cuál podría ser la próxima celebración? En el horizonte aparece la renovación de la Audiencia. Es muy probable que haya comida de despedida a Carmen Llombart que no puede presentarse a la reelección. En marzo también sale a concurso la plaza de teniente fiscal del TSJ. El actual responsable es Gonzalo López Ebri. Confiaba en que nadie intentara disputarle el puesto.  Sin embargo, Fernando Cabedo planea optar a la plaza.

 

 

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Jueces y fiscales se quedan los portátiles
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Rallo | 10-12-2014 | 20:58| 0

La historia es la que sigue. Los jueces, fiscales, secretarios judiciales y forenses recibieron hace unos años, a finales de 2008, unos ordenadores portátiles. De entrada, una buena medida. Si estos profesionales se ven obligados a trabajar desde casa, la Administración debe poner medios.  La entrega de los primeros portátiles -las fuentes discrepan si fueron 1.200 o 1.400 ordenadores- se produjo en una rueda de prensa en la que estaban presentes el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, y la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León. Quizá también la fiscal jefa de Valencia, Teresa Gisbert. Había que darle bombo al asunto.

Desde entonces, absolutamente todo, se hizo mal. La idea de los portátiles se vendió, además, como un ahorro para las arcas públicas. Los fiscales y forenses gastaban dos millones de euros al año en taxis para desplazarse a los diferentes juzgados. Ahora ya no iba a ser necesario. Muchas de estas comparecencias se sustituirán por videoconferencias, proclamaron en su día los promotores de la brillante iniciativa. Resulta cómico que seis años después del anuncio no se instalara el software necesario para estas conexiones. No era el único problema. Tampoco NUNCA se pudo conectar el aparato a internet desde casa. Algunos profesionales lo usaban. Les hacía papel, que suele decirse. Otros, con suerte, dejaban que los ordenadores cogieran polvo en alguna habitación de casa o eran utilizados por algún hijo para romper mano.

Y pasaron los años. Y las licencias de algunos programas caducaron. Pero entonces los tiempos habían cambiado. El dinero ya no fluía por la Generalitat como en la época de bonanza. Vamos, que estaban tiesos. Y aquello del Plan de Modernización era más que prescindible. Total, que a alguna cabeza pensante de la Dirección General de Tecnología de Información, se le ocurrió reclamar los portátiles. El objetivo era entregarlos a colegios o ONG´s que necesitaran material informático. Pero claro, estos ordenadores, antes de esta donación, debían ser limpiados y formateados. Algunos de estos portátiles tienen información sensible. La habilidad para buscarse un problema donde no lo había es digna de elogio. Pero nada, tiraron para adelante.

La orden de devolución no despertó ningún entusiasmo entre los supuestos perjudicados. Nadie esperaba una avalancha de jueces y fiscales haciendo cola para devolver ordenadores como locos. Pero de ahí al pasotismo como respuesta que tuvo el escrito de Justicia, va un mundo. Al principio, se pidió paciencia. “Hablamos de gente seria. ¡Qué son jueces y fiscales!. Claro que lo devolverán. Tranquilidad, tranquilidad…” Este mensaje esperanzador se fue ahogando en un significativo silencio a medida que el número de ordenadores devueltos seguía en cifras paupérrimas. Algunos de los afectados, sin micrófonos de por medio, reconocían abiertamente que no tenían ninguna intención de entregarlo. Otros se hacían los despistados: “No he recibido nada. ¿Una carta, dices?”.  ”Me lo voy a tomar con calma”, era uno de los eufemismos. Esta situación dejaba a la Generalitat con un problema. Fue un error pedirlos, pero ahora asistían atónitos a esta desobediencia por parte de los profesionales. “Pero, cómo puede ser esto?”, se preguntaban algunos.

Finalmente, los que incumplieron la orden han ganado. La Conselleria de Justicia ha hecho llegar una carta al TSJ y a la Fiscalía para aclarar que ahora SÍ quien quiera que se quede el dichoso portátil siempre que se encarguen ellos del mantenimiento. Para este viaje no hacían falta alforjas.

 

 

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¿A quién le interesa la apertura del Año Judicial?
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Rallo | 05-11-2014 | 19:52| 0

Año tras año, la cita es ineludible. ¡Oh, la apertura del Año Judicial! Puede que haya estado ya cinco o seis veces en este acto tan solemne y en los últimos años, cada vez que aquello termina, pienso lo mismo: “Esto no le interesa a nadie. Ni siquiera a los que trabajan en la Justicia”. En esta edición se optó por el salón de actos de la Ciudad de la Justicia en vez del edificio del Tribunal Superior de Justicia. Por cuestiones de espacio, un acierto. El calor de las dependencias del Parterre y la falta de espacio ponía de morros, todos los años, a más de uno. “Yo quiero estar ahí”, “Pero si no tengo sitio!”, “Mira dónde han puesto a este”. El mundillo de la Justicia es especialmente sensible en estas cuestiones. La misma descripción sirve para los políticos.

Una vez todos sentaditos, echas un ojo a la sala. Si quitas al hijo del expresidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, cuesta encontrar a alguien de menos de 40 años en el auditorio. ¿Y gente sin cargo? ¿o excargo? Juas! Da pena, la verdad. Y más todavía cuando los posibles asistentes se encuentran uno, dos o tres pisos más arriba del salón. Allí no bajan ni por equivocación. La excusa de los años anteriores (el problema de ir al TSJ) este año no servía. Faltó mucha gente en la Apertura del Año Judicial. Luego, claro, te das una vuelta por la Fiscalía  y ves mesas llenas de papel -algunas más que otras- y, en algunos casos, se comprende.  Algo similar ocurre con los jueces. Luego está otro problema. Tal y como está el patio de las corruptelas, puede llegar un día en que uno de los políticos que asiste sea investigado por un fiscal y juez de los allí presentes. Mal rollo eso de que te hagan una foto en un saludo de cortesía. Las hemerotecas las carga el diablo.

Destacó y para mal, el discurso del Fiscal Superior del TSJ, Antonio Montabes. El de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, estuvo varios escalones por encima. En un tono algo menos paternalista que en ocasiones precedentes abordó los asuntos clave. Si el TSJ debe enjuiciar a los políticos, la falta de medios, la dedicación y el esfuerzo de sus compañeros. Bueno, por lo menos la alocución equivale tres o cuatro palmaditas en la espalda. Menos da una piedra. Lo de Montabes, en cambio, fue una sucesión de estadísticas. Números y más números. Y procedimientos abiertos y clasificados por tipos y que si Extranjería, que si contra la propiedad, que si… Un mareo de cifras de la memoria. ¿Tanto costaba lanzar un mensaje a sus compañeros? Vale que eran pocos, pero a lo mejor hubiera corrido el boca a boca. El mensaje de ánimo, claro. Hace poco me lo dejaban caer por los pasillos de la ‘city’. “Noto mucha desmotivación en la gente”.

Esa misma tarde, a eso de las dos y media, coincidí con un fiscal. Oye, que no te he visto por la Apertura del Año Judicial… “Ah! ¿Era hoy?”. Pues eso, la tropa pasa. Hasta arriba de trabajo.

 

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Tráfico de tickets de la ORA en los juzgados
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Rallo | 10-09-2014 | 20:11| 1

Regresa togado y hundido tras el parón de agosto. Los primeros días de septiembre se parecen a los últimos de julio: calma chicha en la sauna de la Ciudad de la Justicia. Lo del aire acondicionado quizá esté listo para el próximo verano. Faltan unas piezas de Alemania -expertos en esto de aclimatar- para que el sistema funcione. A estas alturas de la corrida nadie conserva la esperanza de que esto se solucione.

Pero bueno, tras el aparte, al tema. Aparcar en la Ciudad de la Justicia resulta complicado. Los jueces, secretarios, fiscales y algunos funcionarios disponen del parking de la Ciudad de la Justicia. Unas 400 plazas aproximadamente. No pagan ni un euro. El exconseller de Justicia Jorge Cabré quiso ponerlo de pago. Me pareció una buena idea. A los médicos de La FE, por ejemplo, no les queda otra. Se estableció un precio inferior al de mercado; se habló de entre 30 y 40 euros al mes. Una cantidad asequible para jueces y fiscales si se trata de dejar el coche a cubierto.  A Cabré lo echó Alberto Fabra y se reincorporó a la Fiscalía de Valencia.  Llegó Serafín Castellano a Justicia, y en su afán por no molestar a nadie y transitar sin hacer ruido, le recomendaron que enterrara esa idea. Así lo hizo. Seguro que Cabré está contento ahora que no tiene que pagar por algo que propuso él.

La ORA, en cambio, se ha extendido por los alrededores. Como en el resto de Valencia. Y por si no fuera suficiente el importe del ticket (1,50 euros por dos horas no es precisamente económico), en ocasiones,  hay que cumplir con el gorrilla. Tres o cuatro personas, dependiendo del día, se reparten la calle principal y la avenida cercana a los juzgados. Siempre son los mismos. A los habituales de la ‘City’ ya los conocen. Es frecuente verlos saludar a los que buscan sitio. La realidad es que su comportamiento es infinitamente más correcto que los aparcacoches de otras zonas de la ciudad.  Si no das, por lo menos, no se enfada.

El otro día, uno de ellos me sorprendió.

-”Eh, espera!!. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar?”.

-No lo sé. Mínimo media hora”, respondí.  (Había acudido a reponer el 1,50 inicial)

A continuación, extrajo un ramillete de tickets de la ORA. Por lo menos seis o siete, procedentes de otros conductores que abandonaron su estacionamiento antes de que se cumpliera el tiempo.  Tenía para todo: estancias cortas e incluso alguna de mayor recorrido temporal.  ”Ale, para dárselo a la máquina me lo das a mí”. La verdad es que el tipo, aparte de morro, tiene cierta gracia.  Completa su recaudación diaria con la ‘venta’ de tickets.

En cuanto a los estacionamientos, la Policía Local terminó con una de las grandes injusticias que durante años se ha producido en los alrededores. La calle peatonal, en la parte trasera del edificio, era un sitio para los privilegiados. La grúa -y sólo en contadísimas ocasiones- se llevaba el coche del ‘pringao’ de turno. El resto, los de los cartelitos y conocidos y el que venía para cinco minutos que luego son veinte,  nada de nada. Finalmente, el problema se solucionó con unos bolardos. A veces, cuesta tan poco… Lástima que lo de la climatización del edificio no se solvente con bolardos.

 

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Otros fugados en el juicio a los neonazis
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Rallo | 31-07-2014 | 11:39| 0

Responsables del ER, PSPV, EU y Compromís, entre otros, durante la rueda de prensa.

El juicio contra los miembros del grupo neonazi Frente Antisistema,  que ha terminado en una sentencia absolutoria, comenzó el pasado lunes 14 de julio. Justo tres días antes, un viernes, las entidades que integran la acusación popular, convocaron a los medios de comunicación.  Las asociaciones eran Movimiento contra la Intolerancia, Acció Cultural del País Valencià, Ca Revolta, Cear-PV, Jarit, Esquerra Unida y Esquerra Republicana, según consta en la convocatoria, recuperada para este post. Allí, durante al menos hora y media, explicaron la importancia de que la Audiencia de Valencia condenara a los acusados y que la sentencia fuera ejemplar. Digo lo de hora y media porque el que esto escribe abandonó el lugar transcurrido ese tiempo. Ya era suficiente. Dudo que en Valencia, este año, una comparecencia superara ese tiempo. Todo un récord, pero el asunto lo merecía. Los participantes denunciaron el incremento de agresiones por motivos ideológicos y racistas, en especial, en la Comunitat.  Todos querían su cuota de protagonismo. Se iban turnando ante el micrófono. Recuerdo que Toni Gisbert, de Acció Cultural del País Valencia, fue de los primeros. También hizo declaraciones Marga Sanz, de Esquerra Unida, José Luis Ábalos (PSPV), Jordi Sebastià y el famoso Baldoví (Compromís) y  Joan Tardà (Esquerra Republicana). Vamos, que el caso vieron que era importante. Una docena de responsables para salir en la fotito. Gente comprometida, en primera línea, valientes. Esto siempre es de agradecer en los tiempos que corren.

La sorpresa llegó el lunes. Primer día de juicio y por la sala en la que se celebró la vista, no apareció ninguno de los que tanto interés mostraron tres días antes. Las agendas de estos políticos, que siempre están a tope. Amaneció el martes y tampoco encontraron hueco. Y así día tras día. Quizá fueron alertados del calor que hacía en la sala porque no iba el aire acondicionado. Hay gente que su compromiso se limita a lugares con climatización, a darle un Me Gusta en Facebook o a una foto en medios. Bueno, y lo del Twitter. Eso también mola. Por las tardes, en una muestra más de su gran implicación con el caso, a través de una nota de prensa comentaban la jugada, es decir, cómo había ido la mañana.

No hubiera estado de más algo de apoyo para el letrado que habían contratado para este delicado asunto. Según explicó el propio ‘afectado’ sólo había tenido nueve días para mirarse la causa. Insuficiente para ejercer una acusación con garantías. A esto hay que sumar, que sus interrogatorios dejaron mucho que desear. Algunos errores fueron de bulto, en especial, en la fase de informes. El Tribunal de la sección cuarta se apiadó de él. El letrado tuvo que ser acompañado por miembros de la Guardia Civil tras finalizar las sesiones del juicio ante las amenazas de algunos de los acusados. ¿Quién estaba allí para apoyarle? De los suyos, nadie. Contrasta la ausencia de esta tropa politiquera, con el apoyo con el que contaron los acusados. En especial, los primeros días, cuando aproximadamente una docena de jóvenes se presentaron ‘modo batallón’ en la puerta de la Sala. José Luis Roberto, líder del partido de extrema derecha España 2000, fue de los de asiento fijo en la sala.

La investigación de la Guardia Civil fue deficiente. No había indicios que permitieran los pinchazos telefónicos que fueron autorizados por la juez.  La Sala anuló estas escuchas al igual que, en otras ocasiones, ha eliminado las intervenciones telefónicas en casos de narcotraficantes. Siempre por el mismo motivo. La presencia de los políticos no hubiera cambiado el sentido del fallo. Pero, por lo menos, hubiera servido para exhibir cierta preocupación por el asunto. Lo tenían fácil. En este caso, sólo con sentarse allí. Se trataba de algo tan sencillo como aparentar. Pero claro, no había fotógrafo. Y el micrófono es para los acusados.

 

 

 

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Carmen Llombart, ¿consellera de Justicia?
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Rallo | 11-07-2014 | 01:40| 0

Carmen Llombart. /EFE

Carmen Llombart preside la Audiencia Provincial de Valencia y es vocal del Poder Judicial. Pero, en ocasiones, ‘ejerce’ también de consellera de Justicia. Se desconoce el motivo de semejante transformación.  Llombart excede el retrato de lo políticamente correcto.  Se sitúa un escaloncito por encima y, de ahí, que el pasado martes, durante su comparecencia ante los medios, se la hubiera podido confundir perfectamente con el conseller. El nuevo responsable, Luis Santamaría, seguro que agradeció el capotazo de la propia presidenta de la Audiencia.  Es más, le vino de perlas para disimular dos deslices de menor importancia, propios del recién aterrizado en el cargo.  Se llegó a dar una situación incluso cómica. Santamaría admitió los problemas de la Ciudad de la Justicia y Llombart, en cambio, presumió de edificio. Minimizó las deficiencias y lo solventó con una frase de las de manual: “como los de cualquier casa particular”.  Esto puede llevar a pensar que es frecuente que en las comunidades de vecinos de Valencia se caigan fragmentos de la fachada, que no funcione el ascensor, que la climatización sea un desastre -y que se pongan a repararla en pleno verano-, que los ordenadores no arranquen, que se haya tenido que cambiar el suelo porque las losetas saltaban o que el 20% de los baños no se puedan utilizar. Bueno, eso en la mayoría de fincas no pasa. Y como bien sabe Llombart, en la suya menos.

La anécdota del pasado martes es ilustrativa acerca de la posición que ha adoptado Llombart en las relaciones con la Conselleria de Justicia. Se trata de la tercera cara visible en Valencia cuanto a responsables judiciales se refiere. Por un lado, está el juez decano, Pedro Viguer. El más reivindicativo, sin duda. Tiene un buen discurso y no se corta. Goza de un apoyo unánime de sus compañeros. Abandonó la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y eso todavía abrillantó más su imagen de ‘decano de todos’.  Desde hace años denuncia la carencia de medios humanos y materiales en la Administración de Justicia. La presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, llena un espacio más institucional. No se prodiga ante los medios y evita pisar en esos charcos. No obstante, sintoniza en esa línea de que hace falta que la Conselleria ponga más recursos. Se puede observar en alguno de sus contados discursos. Lo conoce de primera mano porque lo del TSJ es de traca. Y luego aparece Carmen Llombart, cuya elección como presidenta de la Audiencia estuvo impulsada por el entonces vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa.  En la hemeroteca no se recuerda ninguna frase crítica contra la Conselleria.  En alguna reunión de la Comisión Mixta, alguno de los presentes se ha visto sorprendido cuando Viguer y la presidenta de la Audiencia no iban en la misma línea. Idéntica profesión, pero diferentes objetivos.

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Un mal trago en la Audiencia
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Rallo | 18-06-2014 | 18:53| 0

Los magistrados de la Audiencia de Valencia se reunieron hace tres años para unificar criterios. Esta misma semana lo han vuelto a hacer, pero en el sentido contrario al que lo hicieron en su día. Donde dije digo; digo Diego. Pero bueno, que lo de rectificar es de sabios. En 2011, la Audiencia consideró que era excesivamente duro condenar por circular ebrio y por negarse a realizar la prueba de alcoholemia. Decidieron entonces que sólo impondrían las penas por el más grave de los delitos: el de la negativa. En la práctica esto suponía una rebaja de la pena por muy duros que fueran los magistrados a la hora de elegir entre la horquilla de seis meses a un año de prisión y privación del derecho a conducir vehículos de uno hasta cuatro años, que es lo que marca el 383 del Código Penal. La presidenta de la Audiencia y hoy también vocal del Poder Judicial, Carmen Llombart, vendió esta unificación de criterios -no sólo el tema de las alcoholemias sino el conjunto de los acuerdos- como un éxito.

La Fiscalía, en cambio, se mantuvo en su postura. Consultó la cuestión a Madrid y siguió acusando por los dos delitos porque entendían que se trataba de dos acciones distintas y exigían, por tanto, su pena individualizada. De hecho, la noticia de 2011 sorprendió entonces a los responsables del Ministerio Público. Las asociaciones de víctimas de accidentes protestaron y pidieron que se volviera a la situación anterior. Pero la rectificación ha llegado a los tres años. Además, la unificación que adoptaron los magistrados era una excepción entre el resto de tribunales. Apenas una Audiencia más en toda España respondía de igual forma que la valenciana. Se dio la circunstancia pues de que resultaba más beneficioso para el condenado recurrir la sentencia de lo Penal conocedor de que la Audiencia sólo condenaría por uno. Incluso salía peor parado el infractor si se conformaba en la guardia. No eran pocos los abogados que, conociendo esta situación, aconsejaban a sus representados que no se conformaran y acudieran a juicio. Resulta complicado averiguar cuántos recursos por circular ebrio y negarse a realizar la prueba han resuelto las secciones de Penal.  En cualquier caso, sólo con uno sirve para la comparación. ¿Qué pasará ahora con los nuevos recursos? Es más, ¿y si algún letrado confiaba en apelar a la Audiencia y aconsejó durante los últimos meses no conformarse en la guardia? Peor no le puede haber salido la jugada. Habrá diferente trato para hechos idénticos.

Las alarmas volvieron a saltar, en determinados ámbitos judiciales, el pasado viernes. Una de las ideas que los magistrados iban a llevar a votación, tal y como publicó LAS PROVINCIAS, era la de no castigar la cesión de vehículo a un familiar para que este aprenda a conducir siempre que la situación no generara un riesgo para la seguridad vial.  Esto equivaldría, en la práctica, a consentir -sólo sería una multa- ciertas ‘practicas clandestinas’ en polígonos, aparcamientos y otras zonas con escaso o nulo tráfico.  Una circunstancia que incluso las autoescuelas han criticado en fechas más o menos recientes. Diferentes fuentes judiciales, – de fuera de la Audiencia, claro- calificaron de barbaridad esta interpretación. Consideraban que se trataba de un delito de conducción sin permiso y con esta iniciativa se establecía una clara injusticia respecto a otros que son cazados sin haber tenido nunca el permiso. Al fin y al cabo, ambos circulan sin poder hacerlo. Finalmente, no se llegó a votar. El punto se sacó del orden del día. En este caso, no hubo que esperar tres años.

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