Las Provincias

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Pescar en el Brexit contra el urbanismo de Schrödinger
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Víctor Soriano | 12-10-2016 | 20:09| 0

A los pocos minutos de conocer el resultado del referéndum británico sobre la continuidad en la Unión Europea, algunos de los alcaldes de las primeras ciudades del continente ya estaban en guardia ante la oportunidad que se les plantea: con el Brexit, Londres, la primera plaza financiera europea y mundial, sale del paraguas del mercado comunitario y, en consecuencia, se vaticina un abandono, quizás masivo, de bancos de inversión, empresas y las pocas pero influyentes instituciones europeas con sede en la City –la principal, el regulador bancario único. Y en río revuelto, ganancia de pescadores. Atraer al capital humano y económico que escape del frío aislamiento del Reino Unido hacia la calidez de la Unión Europea es todo un pastel que ninguna de las grandes urbes del continente quiere dejar escapar.

Más allá de discusiones sobre cuál será la próxima capital financiera de Europa o sobre la ingenuidad de pretender que alguna de las ciudades españolas pueda sustituir a Londres como hogar de la crème de la crème de las finanzas mundiales, lo cierto es que las autoridades locales de las primeras plazas del país parecen esforzadas por convencer a las élites bancarias y empresariales londinenses para que se muden a España. Rebajas fiscales y otros variados incentivos –entre los cuales, la mano obra cualificada y a un coste moderado en comparación con Londres, París o Fráncfort, o el suelo barato, si no directamente a precio de saldo, sobre todo en comparación con la City o La Défense- son los principales atractivos que exhiben las ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, que podrían aspirar a albergar las oficinas europeas de las primeras firmas mundiales.

Pero cuando se desenfocan los encantos que penden del anzuelo español aparecen los obstáculos y el problema, más bien prosaico pero de máxima relevancia, de si las grandes compañías con miles de empleados cuyos rascacielos iluminan el skyline londinense pueden encontrar una morada en cualquiera de nuestras ciudades porque los precios bajos no lo pueden todo –de lo contrario, Londres, París o Ginebra serían un erial económico- y la oferta de oficinas, en el país con más viviendas vacías del mundo desarrollado, es muy limitada, totalmente incapaz de asumir las pretensiones de gobiernos como el madrileño, que aspiran a un desembarco masivo en su capital. Como ocurre, por ejemplo, con Dublín o Luxemburgo, ciudades a las que todos, en la prensa internacional, ya descartan como destino de la banca británica.

Frente a este problema, las soluciones, que pasan inexorablemente por convencer a los inversores de que promuevan nuevos desarrollos inmobiliarios, se topan con el muro de la escasa seguridad jurídica y de la inoperancia política en materia urbanística, capaz de desnortar hasta al más orientado. Porque, si bien soy el primer defensor de la planificación sosegada, no podemos confundirla con la zancadilla que afecta a todos los procesos de transformación de suelo y de actuación inmobiliaria en todas nuestras áreas metropolitanas; sirvan de ejemplo la controvertida y absurda moratoria hotelera de Barcelona, la indefendible limitación de alturas en la edificación de la legislación madrileña que ya ha acabado –judicialmente- con varios planes, la política territorial desacompasada y torpe de la Comunitat Valenciana o el proteccionismo del plan de comercio vasco, cuya prohibición de centros comerciales acabó en el Tribunal Supremo, por no hablar de la norma andaluza que impone el estudio de género del planeamiento y un sinfín de etcéteras; todo ello aderezado, por supuesto, por la nulidad –llamada radioactiva- de los planes urbanísticos que puede llevar al traste un trabajo de años por un insustancial defecto formal y una tramitación administrativa de tal lentitud que sorprendería hoy incluso a Monsieur Sans-délai, y eso que ya debería estar acostumbrado. En definitiva, dilación e inseguridad jurídica, los dos peores ingredientes en la sopa del inversor, en un urbanismo digno del físico Schrödinger, en el que nunca se sabe si el plan está vivo o muerto hasta que hay sentencia firme, y eso acontece con lustros de retraso.

Debo reconocer que no creo que Madrid –ni ninguna ciudad española- vaya a poder competir, seriamente, por posicionarse como el nuevo epicentro de las finanzas europeas, mucho más allá de lo que ocurra con el urbanismo, pero menos podría todavía cuando la visita de un contemporáneo amigo del personaje de Larra –por ejemplo, ejecutivo de un gran banco de inversión- pueda llevarle diez años hasta tener un lugar donde levantar su sede y otros tantos en tener la seguridad de que un tribunal no anulará la licencia que le autoriza a ejecutarla o el plan en que ésta se sostiene. Nuestros políticos insisten en poner el acento en lo barato –en impuestos, alquileres y salarios- que les resultaría instalarse en España pero olvidan trabajar en las razones con las que convencer a los inversores de que lo barato no les acabará saliendo caro.

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El fuego urbanizador
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Víctor Soriano | 10-09-2016 | 11:31| 0

Cada vez que hay un incendio forestal –y si este es en un lugar de extraordinario valor ambiental, como el entorno de los dos parques naturales que rodean la ciudad de Xàbia- surgen algunas reacciones, que más que de tristeza, de solidaridad o de rabia frente a los desalmados que son capaces de armarse de una garrafa de combustible y quemar un bosque, se centran, rápidamente, en los espurios y ocultos intereses tras el fuego, en cómo el Club Bildelberg, los Illuminati y el Contubernio de Múnich se alían para mandar a un psicópata con gasolina a quemar lo primero que se encuentre. Pero no, no, no y mil veces no, los incendios forestales no son fruto de una conspiración inmobiliaria para especular con el suelo, diga lo que diga la cultura popular, el más hater de los influencers de Twitter –dispuesto a contradecir, incluso a Greenpeace- o el mismísimo presidente de la Generalitat.

Y es que, a pesar de lo electoralmente rentable o de lo cómodo que pueda ser dar esta insostenible justificación al inexplicable fenómeno de la piromanía –que, sin duda, obliga a un mayor esfuerzo en prevención y vigilancia y merece el endurecimiento de las penas y, especialmente, el efectivo cumplimiento de la responsabilidad civil que llevan aparejada- urbanizar el suelo forestal incendiado es prácticamente imposible en nuestro ordenamiento jurídico, y quien diga lo contrario, falta ostensiblemente a la verdad. Pero ya se sabe, los caminos de la demagogia son inescrutables y, cuando hay fuego, qué mejor que decir que el adversario pasaba por allí con un mechero.

Es más simple que todo el enrevesado debate conspiranoico: la ley estatal de Montes –en una más que posible intromisión inconstitucional en las competencias autonómicas en urbanismo, pero no es lo que nos ocupa- prohíbe taxativamente urbanizar el suelo forestal incendiado, al menos durante 30 años salvo, claro está, que estuviese previsto con anterioridad al incendio; algo que es prácticamente imposible en España, y más en la Comunitat Valenciana donde casi todo bosque es suelo protegido y esta protección es -afortunada y acertadamente- casi irreversible con la más reciente jurisprudencia de nuestros tribunales. La excepción, no obstante, existe, y es la que permite a los Parlamentos autonómicos o a las Cortes Generales, por ley, levantar la prohibición. Es decir, que para poder urbanizar un suelo quemado hace falta lo mismo que para derogar la ley que prohíbe urbanizarlo: otra ley. Desde luego, no parece una puerta abierta a la reclasificación desmedida y a cambiar pinos por hormigón; argumentación que sólo sostendría sin avergonzarse quien carezca hasta de la más mínima noción de nuestro derecho urbanístico.

Realmente, más que facilitar la especulación, el incendio la complica. A nadie se le escapa que sería mucho más sencillo edificar en un monte antes del incendio que después, porque para hacerlo bastaría la modificación del planeamiento urbanístico, con la, sin duda, mucho menos complicada aprobación municipal y de la administración autonómica; sin un fuego que apagar, sin una ley ad hoc aprobada por el parlamento, sin dar explicaciones, sin levantar la liebre del incendio provocado ni sus consecuencias penales… Pero, claro, contar esto, reconozcámoslo, recibe muchos menos retuits de la muchedumbre enfurecida.

Mientras tanto, tenemos un gobierno empeñado en cambiar la ley para prohibir lo que sólo se puede autorizar por una ley igual que la que podría derogar la prohibición, todo sea por el paripé. Y la maquinaria pesada preparada para entrar, seguro, sin miramientos, a arrasar lo poco que quede en el bosque quemado con la excusa de reforestar, mientras los expertos –entre los mejores del mundo en la materia, algunos valencianos- nos dicen que ahorremos todos esos millones, protejamos el suelo de la erosión y dejemos pasar el tiempo. Pero, no, aquí mejor aplaudamos siempre a los demagogos; porque los malos vicios no se los lleva el fuego.

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Festival Mare Nostrum, vuelva usted mañana
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Víctor Soriano | 10-07-2016 | 21:41| 0

No me gustan los festivales de música. No es que tenga nada contra la música, más bien al contrario, soy un melómano, pero tengo la sensación –no muy desencaminada- de que la música es tan irrelevante en esos eventos como principal es pillarse una tajada de campeonato. Sin embargo, no he podido abstraerme del culebrón que se ha generado a propósito de la fallida celebración del festival Mare Nostrum en la playa de Alboraya.

Me había prometido a mí mismo que no escribiría de este tema pese a que tiene todos los ingredientes necesarios para hacérmelo imprescindible: urbanismo, derecho administrativo, entorno de huerta… y polémica, mucha polémica. Pero he leído la carta que uno de los organizadores del festival Mare Nostrum ha enviado a Las Provincias, su lógica indignación –quizás algo sobreactuada- y su relato y he cambiado de opinión.

A primera vista, parece razonable que el alcalde de Alboraya haya decidido no ponerle su cabeza en bandeja de plata al Ministerio Fiscal y no haya autorizado el festival, que ha acabado cancelándose. Se esperaba que se celebrase este fin de semana. Tan convencidos estaban de ello los organizadores que incluso anunciaron su continuación a pesar de los informes negativos. Al final, no obstante, no se ha escuchado música en la playa de ‘els Peixets’: la policía desalojó a los asistentes este viernes.

Lo  cierto es que el lugar es cualquier cosa menos idóneo: motivos elementales de seguridad y preservación del medio ambiente desaconsejan encerrar a veinte mil personas entre un barranco, una autopista y el mar, todo ello sin accesos asfaltados y sobre un espacio natural –por mucho que, dicho sea de paso, el valor ambiental de ese espacio sea poco más que el del parking de un hipermercado de extrarradio (que he dicho que no me gustan los festivales, pero no por eso voy a ser menos objetivo).

Aun con todo, parafraseo a los inmobiliarios americanos: “ubicación, ubicación, ubicación”. Y los chicos del Mare Nostrum han fallado, sin duda, en la ubicación. No han sabido prever los evidentes riesgos jurídicos (sí, existen y hay que preverlos) a los que se enfrentaban en ese contexto, aderezados por una pugna política difícilmente comprensible, el habitual fenómeno ‘nimby’ (o de oposición a todo lo que se haga cerca de mi casa) personificado en el pseudoecologismo patriotero –y patatero- de Per l’Horta y un ayuntamiento más interesado en imponer su voluntad que en acatar la ley, que les ha generado una falsa esperanza en que el evento sería autorizado –quebrando el principio de confianza legítima y generándoles una lesión en su patrimonio que, si de mí dependiese, sería inmediatamente reclamada a la Administración-.

Pero si hay algo que sí comparto con los organizadores del festival es que les han engañado. Sumidos en una espiral de administración pública lenta e hipertrofiada, llevados de ventanilla en ventanilla, como le pasó al Monsieur Sans-délai de Mariano José de Larra, han acabado hundiéndoles de “vuelva usted mañana” en “venga usted más tarde”. El control administrativo de una actuación de este calado no puede dar un resultado imprevisible, tardío y contrario a los actos propios precedentes, que generaban la confianza de que la autorización llegaría.

A toro pasado, lo importante no ya es si debió autorizarse o no la celebración de un evento de esa magnitud en esa ubicación –salvo, claro está, para sus promotores-. La potestad, del municipio, se ha ejercido rechazando la autorización y, a la vista del interés inusitado que puso el gobierno local en defender el festival, si no se ha acabado autorizando es por motivos de calado. Lo contrario hubiera sido prevaricar. Ahora, lo verdaderamente importante –y necesario- es la reflexión acerca de si es normal que un negocio que comporta una inversión de cientos de miles de euros esté a la expectativa de la autorización administrativa hasta horas antes de abrir las puertas. Si es normal que, entre burócratas, partidos y grupos de presión se ahuyenten las inversiones. Pues, por supuesto, el dinero no compra el derecho a que la administración te dé un “sí” a todo; pero el derecho sí debería imponer a la administración a que la respuesta, afirmativa o negativa, llegue pronto y sin sufrir un dantesco viaje a los infiernos. Porque el dinero ni sufre, ni espera; pero se marcha con su música a otra parte.

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Sin casa, ni jardín: las consecuencias para los vecinos del “culebrón” del Botánico
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Víctor Soriano | 16-04-2016 | 14:47| 0

Aunque con el derribo del viejo ‘ayuntamiento nuevo’ acabaran tres décadas de polémicas sobre las actuaciones urbanísticas alrededor del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, la pax tripartita que se vislumbraba con el acceso al gobierno de quienes han estado detrás de las algarabías de los últimos años en el urbanismo de la ciudad no tardará en truncarse, tampoco junto al Botánico. Hace unos días, Las Provincias nos adelantaba la intención del gobierno municipal de reducir la edificabilidad residencial del barrio del Botánico en unos 200.000 m2, por lo que un buen puñado de edificios quedará fuera de ordenación. No malintencionado, pero si errado, el consistorio quiere relajar la densidad de aquel lado del ensanche, rebajando a cuatro las alturas de los edificios. Y claro, actuar en la ciudad consolidada –y tan largamente consolidada- no es ni fácil, ni inocuo.

Las consecuencias de esta vuelta al urbanismo de ‘varita mágica’, de la imposición sin consenso y sin ni siquiera consulta,  las pagarán los vecinos. Dejar fuera de ordenación una veintena de edificios todavía jóvenes no va a mejorar el paisaje urbano ni la calidad de vida –al menos, no durante lo que queda de siglo-, pero sí que va a complicar mucho la cotidianeidad de sus residentes y propietarios. Porque, ¿cuáles son las consecuencias de que el planeamiento declare una edificación como fuera de ordenación? Muy simplemente: a partir de la aprobación del plan, cualquier obra en el edificio que exceda de la mera conservación está prohibida, especialmente las rehabilitaciones tendentes a prolongar la vida útil de la construcción, pero también las necesarias para el cambio de uso de los locales –lo que complica la apertura de nuevos negocios y, de paso, ahoga a un barrio ya en el camino de la decadencia-, la renovación de las viviendas, la instalación de antenas de telefonía y un largo etcétera.

Pese a todo, lo más grave no es que no puedan realizarse obras, sino que se vacía el patrimonio de los propietarios sin contraprestación, en forma de una “expropiación” velada sin justiprecio. El objetivo de la declaración como fuera de ordenación es que los edificios desaparezcan y den lugar a otros acordes al nuevo planeamiento. Y, lógicamente, cuando eso ocurra, ya sea de forma sobrevenida –por ejemplo, por un derribo accidental- o por el paso del tiempo, quienes hoy poseen un edificio de diez plantas, tendrán que repartirse uno de cuatro, por lo que, en el camino, pierden más de la mitad de la superficie de sus viviendas y locales. No me confundan: no es que la figura sea siempre injusta per se, ni siempre inadecuada; el problema reside en el uso caprichoso y técnicamente injustificado que le da el gobierno municipal.

Aun con todo, el dislate no acaba ahí. El núcleo de la operación es, por supuesto, la ampliación del Jardín Botánico, objetivo deseado y duramente peleado por casi todos durante años. Pero frente a la posición que venía manteniendo tradicionalmente el Ayuntamiento, partidario de ampliar el Botánico, del que es propietario la Universitat –que cobra a los visitantes-, sin privar a los vecinos de un lugar de esparcimiento, ahora nos encontramos con que el Ayuntamiento, cual Gea de la mitología clásica, también quiere ceder a la universidad el reconocido Jardín de las Hespérides… si es que un tribunal no lo anula. Tras más de treinta años, el culebrón del ‘solar de los Jesuitas’ no acaba.

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La fiesta en Valencia no acaba nunca
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Víctor Soriano | 31-01-2016 | 01:45| 0

Si hay una frase famosa en el relato político valenciano reciente, sin duda, es aquella que pronunció Ricardo Costa un 9 de octubre de hace no muchos años: “la fiesta en Valencia no acaba nunca”, dijo. Lo cierto es que, despojada ya la frase de las tensas e impías connotaciones de aquel momento, no le faltaba razón al entonces secretario general del PP valenciano. La fiesta en Valencia no acaba, no debe acabar. No podemos dejar que acabe.

Aunque los repetitivos chascarrillos con la corrupción y Valencia se adueñan de las redes sociales y de las sátiras televisivas cada vez que se destapa un nuevo capítulo de esta ya lacra nacional, flaco favor nos hacemos los valencianos sumándonos, de un modo ingenuo –cual cordero que invita al lobo a comer-, al escarnio de una tierra que, más allá de glorias, ofrenda al conjunto de España buena parte de su sustento económico y de su proyección internacional.

Se dice, con sorna, que la corrupción es como la paella: donde mejor se hace es en Valencia. Supongo que se olvida el gazpacho andaluz de los ERE, el cocido madrileño de Gürtel, la escalivada catalana que preparan en casa de los Pujol, el llonguet balear del Palma Arena o la nouvelle cuisine palaciega del caso Noos. Ni la corrupción es patrimonio valenciano, ni los corruptos gozan aquí, por suerte o por desgracia, de un trato diferente del que tengan en cualquier otro territorio.

Valencia es más que los saqueadores e indecentes sin ética ni estética que nos han robado a todos con sonrisa de impunidad y sonoro aplauso; más que los gánsteres que lavaban dinero al por menor cual banda de rateros a pesar de cobrar holgados salarios públicos. Valencia es más que todo eso. Más que la insultante indignidad de algunos –demasiados- políticos, de los que nos avergonzamos y que nos han provocado esta profunda sensación de estafa. Más que el sparring de la prensa nacional al que golpear con todos los males de España para así dejar incólume a las inocentes tierras mesetarias. Ya lo hicieron, por cierto, con la burbuja inmobiliaria, presentada al mundo como una voraz enfermedad de la costa valenciana cuando, en realidad, es un mal más propio de la periferia madrileña.

Lo que los sinvergüenzas, que serán juzgados y condenados, han hecho con nuestro dinero y nuestra dignidad no tiene ya solución. No se puede volver atrás. Pero no podemos –no debemos- cavar nuestra fosa como pueblo aceptando de buena gana el absurdo sambenito de gentes corruptas, la asociación entre la ‘marca Valencia’ y la corrupción, que lastraría sin piedad la imagen de una ciudad y un territorio que han sido a lo largo de siglos una puerta al mundo y un foco de prosperidad y de innovación en España y que, no sin esfuerzo, debe seguir siéndolo. No podemos tolerar que se eche al fuego purificador a una sociedad entera de cinco millones de personas. Recordad que cada 19 de marzo quemamos los ninots, pero no la ciudad. Y, sobre todo, que después de cada cremà vuelve a empezar la fiesta.

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¿Queremos una ciudad cerrada “por misa”?
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Víctor Soriano | 30-12-2015 | 18:36| 21

El gobierno municipal de una gran ciudad europea se desvive por el cierre en domingo de los comercios. Parece que sean noticias de 1950 rescatadas de la hemeroteca de Las Provincias, pero no. Es (todavía, aunque por poco tiempo) 2015 y aquello de que el Señor descansara en el séptimo día sigue presente, a pesar de la exaltación laicista, en la agenda política y pública de Valencia –aunque no para camareros, taxistas o empleados de cines o gasolineras; ellos que trabajen siempre. Se acerca el nuevo año y con él se ha hecho urgente pactar con los comerciantes sobre la que fuera una promesa electoral del actual alcalde que, como era ya evidente cuando la formuló, no ha podido respetar. El nuevo gobierno, empecinado en imponer el cierre dominical, quería una única zona de gran afluencia turística, estratégicamente diseñada para dejar fuera de ella a todos los grandes establecimientos. Pero se encontró, era de esperar, con la advertencia de un recurso que acabara, por segunda vez, quitándole la razón al ayuntamiento. La Constitución –nada menos- prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, y claro, qué hay más arbitrario que trazar las líneas al antojo del alcalde.

Ahora hay pacto entre el ayuntamiento y la patronal del sector para limitar las zonas con libertad de horarios a sólo dos, frente a la delimitación actual que abarca a todas las grandes superficies de la ciudad; lo que deja fuera al entorno de lugares de indudable interés turístico como el Bioparc, los dos estadios de fútbol de primera división, el Palacio de Congresos o la Marina Real y el frente marítimo. Por ello, con todo su derecho y mucha razón, los agraviados llevarán de nuevo a los tribunales la decisión pues, como sentenció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valencia el pasado año 2014 en un recurso interpuesto por una conocida cadena de comercios de electrónica, la discrecionalidad con que cuenta el ayuntamiento para declarar las zonas de gran afluencia turística no permite la exclusión injustificada de unas frente a otras. Y menos en este caso, cuando los motivos son de mera oportunidad política.

Pero más allá de la actualidad inmediata, cabe la reflexión de si tiene sentido seguir limitando la libertad comercial en un tiempo en el que los horarios ya no existen y las grandes empresas –muchas de ellas multinacionales extranjeras que además no tributan en nuestro país- venden durante 24 horas al día por sus canales de Internet, ofreciendo entregas casi inmediatas de cualquier producto imaginable. Podemos pensar si conviene potenciar la vida en la ciudad durante todos los días de la semana o si preferimos dejar abandonados los barrios comerciales de la capital e incentivar a sus vecinos a los desplazamientos en coche a los polígonos comerciales alejados de la ciudad. La apertura comercial en los domingos ha devuelto la actividad y el ambiente a muchas zonas de todas las grandes ciudades –no sólo de Valencia-, aportando un nuevo atractivo a los habitantes de la urbe y a los turistas. Lo dije en este mismo medio y me ratifico: la apertura en domingos y festivos en los centros urbanos no aporta sólo beneficios para los comerciantes y sus trabajadores sino para toda la sociedad. La libertad horaria se puede presentar y defender como una política urbana progresista de promoción de la vida social, aprovechamiento de los recursos públicos invertidos en los servicios –principalmente, en el transporte público- y sostenibilidad ambiental, más allá de su más notoria vertiente económica mientras que, por el contrario, la limitación de la actividad mediante el bloqueo horario de los comercios es un comportamiento reaccionario que pone coto al derecho a la ciudad.

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¿Puede Valencia competir con Nueva York?
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Víctor Soriano | 29-11-2015 | 18:17| 0

Localización satelital en los móviles, coches que conducen solos gracias a la cartografía digital, seguimiento instantáneo de cualquier avión desde una app, imágenes de teledetección al alcance de cualquiera… La ubicación con la máxima exactitud se ha convertido en algo imprescindible, pese a que estar en un lugar concreto es cada vez menos necesario para realizar cualquier tarea, gracias a las videoconferencias, las redes sociales, la administración electrónica… Vivimos en la sociedad más ‘geodominada’ de la historia, pero también en la menos ‘geodependiente’.

Estar en un lugar u otro importa cada vez menos. El hipocentro de la red urbana global más tradicional, la que por muchos años liderarán Nueva York, Londres y París, puede estar ya en todas partes. Las economías de localización se diluyen en la era del conocimiento y algunas de las actividades más ligadas a las grandes ciudades, como la formación de prestigio, la investigación de alta tecnología, la banca de inversión o la abogacía de los negocios, empiezan a vivir las primeras experiencias de deslocalización, gracias a los avances en el transporte y las comunicaciones.

Hace años que las grandes empresas de todo el mundo pujaron por la deslocalización, consecuencia necesaria de la globalización. Pero entonces, cuando el fenómeno empezó a amenazar a las zonas industriales del mundo desarrollado, se trataba eminentemente de desplazar a países con bajos costes de producción las actividades menos intensivas en conocimiento. No mucho después, los consumidores occidentales empezamos a recibir llamadas desde Perú, la India o Marruecos; cuando las multinacionales trasladaron sus servicios de atención beneficiándose de la inmensa extensión de las comunidades lingüísticas de las tres grandes lenguas globales.

Ahora es diferente. Los precios abusivos de los inmuebles en las localizaciones más deseadas del mundo empresarial, como el Midtown, la City o La Défense; junto con los costes salariales de las mayores ciudades del globo y la menguante calidad de vida, han puesto el ojo de algunos empresarios en las ciudades medias como alternativa. Algunos de los despachos de abogados más importantes del Reino Unido ya han trasladado parte de sus oficinas a Escocia u otros lugares con precios más bajos pero igual de atractivos que la capital, dejando en Londres lo esencial. Y la dinámica continúa y parece que se incrementará en los próximos años.

¿Puede Valencia aspirar a competir por los mejores empleos con Nueva York, Londres o París? ¿Siquiera con Barcelona o Madrid? Calidad de vida, climatología benigna, servicios sanitarios y educativos de primera calidad, una oferta suficiente de formación que garantice una fuente de profesionales muy capacitados, una población con amplios conocimientos de idiomas (y no, no me refiero sólo al inglés, que ya no es diferencial) y, sobre todo, buenas comunicaciones con el mundo, ágiles y directas, son las piezas necesarias para empezar a brillar entre las miles de opciones que pueden plantearse ante el consejo de administración de una multinacional. Y, por supuesto, voluntad, tanto social como política, para dar una bienvenida fácil y rápida a los potenciales inversores.

Son cualidades que pocas ciudades en el mundo disponen y que, aun siendo difíciles, podemos aspirar a conseguir. Contamos con una ubicación excelente en el Mediterráneo; hospitales, centros de investigación y universidades de referencia –a las que no vendría mal una actualización a las nuevas realidades; una juventud formada, una sociedad emprendedora, iniciativas de referencia del sector privado como el campus europeo de la Berklee School of Music, EDEM o Lanzadera… pero también obstáculos, como una ‘marca de ciudad’ muy poco reconocida, a la que el abandono de todas las iniciativas públicas de posicionamiento, como los grandes eventos deportivos de los últimos años, hace un flaco favor, y unas comunicaciones aéreas, pese a los grandes avances de una década, todavía deficientes –primacía del ‘bajo coste’ y escasas conexiones con los hubs globales-; por no hablar de las ferroviarias, con el flagrante fracaso del corredor mediterráneo y la estación desmontable.

Que hoy, siendo realistas, sea una utopía que Valencia compita con las ‘ciudades alfa’, el selecto club en el que no hay ninguna ciudad española y ni siquiera del Mediterráneo, no quiere decir que se baje la guardia en los esfuerzos para conseguir posicionar al Cap i Casal en la primera división de la liga urbana, con un poder atractivo suficiente como para que multinacionales, universidades y organismos internacionales de primera línea puedan optar por establecerse aquí, creando empleo de calidad y generando riqueza. La globalización nos ha puesto en la línea de salida de una carrera que, sin los avances de los últimos veinte años, sería imposible que corriésemos. Pero no basta, debemos esforzarnos en llegar a la meta.

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El tiro al PAI no hace diana
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Víctor Soriano | 29-10-2015 | 09:53| 0

Ciudadanos carga el arma y PSPV, Compromís y Podemos le dan al gatillo, mientras el PP forcejea y acaba disparándose en el pie, pero entre todos juntos, los 99 diputados de Les Corts, no han sido capaces ni de centrar el blanco al que debían disparar. Carolina Punset hace bandera de su lucha contra la urbanización salvaje, pero el discurso, que no descarto que le pueda dar una reacción electoral positiva para su formación, se queda en el populismo, mientras en la grada, los profesionales del urbanismo andamos algo atónitos de la incapacidad de un parlamento lleno de juristas para entender las bases de nuestra normativa urbanística.

El debate, de barra de bar, se centra en reclasificar el suelo urbanizable con PAI (Programa de Actuación Integrada, es decir, el instrumento que permite la transformación física y jurídico-registral de un configuración rural previa a una urbana del territorio ordenado) aprobado, pero no por la importancia real de esos espacios frente a otros, sino porque PAI es sinónimo en el vocabulario popular de especulación inmobiliaria y edificación excesiva. Que, en la práctica, el suelo programado sea el menor de los problemas del urbanismo valenciano –y del español-, no importa tanto como que, de los titulares de la prensa, se desprenda que la nueva política hace una lucha sin cuartel contra los años del ladrillo.

Pero la realidad es otra. Por una parte, porque nos encontramos dos situaciones mucho más preocupantes que la del suelo urbanizable programado (o, en terminología correcta, con PAI aprobado): tenemos esa inmensa superficie de suelo clasificado como urbanizable en muchos municipios al calor de la burbuja, muy por encima de las necesidades reales de consumo de suelo y de lo que habría permitido la Estrategia Territorial valenciana –aprobada en 2011-, y que en su mayoría no está programado porque se trataban de desarrollos urbanísticos que sólo cabían en las mentes megalómanas de alcaldes marcianos; y, también, y lo que es peor, lo que algunos han llamado muy acertadamente “desiertos urbanos”, es decir, el suelo ya urbano, porque ha sido urbanizado –con viario, iluminación, etc.-, pero que no está edificado o lo está en un porcentaje bajísimo, requiriendo de gasto público para un mantenimiento y servicios que, en la práctica, nadie utiliza. Por otra parte, porque mientras la ofensiva política se centra en los PAI aprobados en vez de en los otros dos supuestos de mucha mayor urgencia, se ignora que el coste para las arcas públicas de la imposible reversión a su estado original de esos suelos –nunca volverían a ser lo que fueron, sino meros solares-, supondría cientos de millones de euros en indemnizaciones y obras a cargo de las arcas públicas de las administraciones valencianas. En cambio, atacar lo importante es gratis –o casi-. Y de eso, nadie habla.

Parece mentira que en el parlamento valenciano en pleno nadie se haya dado cuenta de que para la necesaria reclasificación a suelo no urbanizable de una inmensa mayoría del suelo urbanizable sin programa no hacen falta debates, ni iniciativas, ni reformas legales –como exigen algunos grupos-, sino sólo voluntad política en el gobierno de la Generalitat, quien tiene en sus manos la capacidad para aprobar y modificar los planes, para lo que no estará de más el apoyo de las corporaciones locales que, mayoritariamente, comparten color político con la administración autonómica. Basta redactar y aprobar un plan territorial de ámbito autonómico de adaptación de la ordenación urbanística valenciana a la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que puede, porque así se ha manifestado en otras comunidades autónomas, bajar hasta la clasificación de suelo sin, por ello, atacar la autonomía local constitucionalmente protegida, como señaló la Sala 3ª del Tribunal Supremo en su Sentencia del 16 de enero de 2013; un instrumento que, estando previsto en la novísima Ley valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que entró en vigor en agosto de 2014, no requiere de ninguna modificación normativa. Y tampoco se comprende que los diputados valencianos, tan interesados como parecen en este tema como para enzarzarse en acaloradas peleas en el Palau dels Borja, hayan ignorado el problema real y urgente de los desiertos urbanos, a los que ya he hecho mención, que tienen un alto coste para las arcas públicas, cuando algunos –como Parc Sagunt o la ZAL de Valencia- están incluso en manos de las administraciones.

Parece que los luceros de la nueva política no se diferencian tanto de los de la vieja, al menos, no en lo que respecta a ser honrados y leales marcando la agenda y estableciendo debates torticeros que no conducen a ninguna parte, con mero interés electoral. Cuando la materia es de tanta importancia como el futuro de nuestro territorio, los votantes esperamos una responsabilidad añadida que tiene que verse, también, en la calidad de las soluciones que se aportan, en su grado de consenso y en cómo se han articulado contando con la ciudadanía y con los actores implicados. Y si, en vez de ser así, se van a repetir los tics de siempre, nos tendrán que explicar qué hay de nuevo en lo nuevo, además del color del escenario.

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Borracho de carril bus
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Víctor Soriano | 23-09-2015 | 10:41| 2

Cien días del Cap i Casal en manos del nuevo gobierno, en el que no pocos habían puesto grandes expectativas, y empezamos a ver los resultados. Valencia es pionera, por ejemplo, en descubrir que el aparcamiento en el carril bus “fomenta el consumo de alcohol”. Suena a chiste, puede que lo sea -nos lo debería aclarar el Sr. Grezzi, que pese a sus maneras de cómico es teniente de alcalde de esta ciudad-, pero no se me ocurre un mejor ejemplo de la improvisación con la que la Corporación municipal está abordando las políticas más relevantes de entre las que son competencia de una administración local: el urbanismo y la movilidad. Comparto muchas de las ideas que, en materia de movilidad, puedan tener los partidos del gobierno –y de la oposición, pues es una materia que, en debates sosegados y alejados de todo sectarismo, genera grandes consensos-. Lo saben los lectores de este blog, pero no puedo compartir las formas.

El nuevo equipo de gobierno, no es que sólo se haya lanzado a la piscina de la improvisación en tantos temas importantes (desde el Cabanyal hasta el reparto modal), sino que además ha dejado improvisar a personas de dudosa competencia en la materia: el mencionado señor Grezzi, concejal de movilidad, sin formación conocida en movilidad –aunque se presente como experto-, y el señor Sarrià, concejal de urbanismo, pero que no exhibe más que el bachillerato en su currículo.  No quiero hacer un alegato partidista, porque el problema no es de los partidos que forman el gobierno municipal. Ellos mismos, en la Generalitat, han elegido a personas de indudable capacidad profesional como Josep Vicent Boira, el número dos de la conselleria con competencia en urbanismo e infraestructuras, o Elena Cebrián, que carga la cartera de Medio Ambiente.

Claro, de esos polvos vienen estos lodos. Que aparcar en el carril bus emborrache es sólo la última, que no la única, de las propuestas un tanto marcianas que han venido y que vendrán, sin estudios previos, sin consenso y contra el criterio de los técnicos municipales –muchos pusieron el grito en el cielo ante la ocurrencia del edil-, que parecen más ideas pancartistas que proyectos de gobierno. Algo que tampoco tendría relevancia si, casualmente, el concejal acertara, pero no lo hace –lo que el alcalde ya se ha encargado de confirmar, desmintiéndole-.

¿Tan urgente, tan preocupante, tan nefasto es el aparcamiento en el carril bus? No, no lo es. Y no es que yo defienda el aparcamiento en el espacio público, más bien al contrario, a diferencia de muchos que han aplaudido la propuesta. Pero la clave para la movilidad sostenible no es borrar los coches de la ciudad, ni el absurdo empeño en la bicicleta –que, por cierto, como tantas veces he dicho, también es un vehículo privado que no puede estar en la pirámide de la movilidad por encima del peatón y del transporte público, por mucho que les pese en el ayuntamiento-, sino adecuar los modos a las necesidades reales, de forma que no se generen ineficiencias –ambientales, económicas- en el sistema, utilizando el medio más adecuado para cada situación.

En Valencia, el problema del tráfico nocturno de coches es casi anecdótico y, además, no hay una alternativa real de movilidad por la noche –no hay transporte público, mucho menos al área metropolitana y puede que más allá del ‘car-sharing’ (un Valenbisi con coches eléctricos) y líneas de autobús ‘a la demanda’, no sea viable implantarlo-. El aparcamiento en los carriles bus, totalmente vacíos por la noche ante la únicamente simbólica presencia de autobuses nocturnos, se convierten, por tanto, en  la única alternativa que, a día de hoy, existe para la mayoría de los vecinos del área metropolitana y muchos en la ciudad, para desplazarse hasta sus puestos de trabajo (parece que nadie se acuerde, pero sí, hay gente que trabaja de noche) o hasta las zonas de ocio. Incluso el socialista Marino, compatriota de nuestro concejal, en Roma, ha tenido que acceder al acceso nocturno de coches en sus zonas de tráfico limitado, ante la evidencia de que el transporte público nocturno no satisfacía las necesidades reales.

Al contrario que la mayoría de las grandes ciudades europeas, en materia de movilidad, Valencia –que cuenta con el reparto modal más sostenible del continente, gracias a los desplazamientos peatonales, hegemónicos en la ciudad, y que parece que este gobierno quiera dejar de lado- no sufre una urgencia tal que justifique políticas improvisadas, menos todavía cuando tenemos aprobado un plan de movilidad urbana sostenible redactado por técnicos competentes. No es desde el sectarismo sino desde el consenso como se consiguen los grandes cambios. Que tomen nota en el ayuntamiento.

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La libertad de horarios, una política social y ambiental
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Víctor Soriano | 30-07-2015 | 17:18| 4

La apertura dominical de los comercios y, en especial, de las grandes superficies en los centros urbanos ha despertado la polémica en todas las ciudades donde se han implantado normas de liberalización de los horarios comerciales. Desde el primer caso en España, el rotundo éxito de Madrid, hasta la reciente ley francesa que, siguiendo el modelo español, determina zonas de afluencia turística en París en las que los grandes almacenes pueden abrir todos los días, estas decisiones siempre han ido acompañadas de críticas e incluso de manifestaciones de algunos agentes –sindicales, corporativos- que se presentan como perjudicados.

Frente a la oposición a la apertura dominical de los comercios, el argumento –fortalecido gracias a la crisis- del incremento de las ventas y de la creación de empleo es, sin duda, el que ha tomado más fuerza, pero no es el único. Que los comercios, como hace décadas que ya hacen los cines y restaurantes, abran todos los días del año tiene beneficios notables para la ciudad desde la perspectiva social y ambiental si se aborda el debate con la visión del urbanista.

Los centros de nuestras ciudades, con un modelo urbanístico compacto mediterráneo, adolecen de una fuerte concentración de usos. Como los campus universitarios o los distritos empresariales –más frecuentes en las ciudades de otras latitudes-, en los centros urbanos, generalmente también centros históricos, de las ciudades españolas, la presencia comercial es arrolladora. Esto tiene ventajas –para la movilidad, la propia actividad comercial o la vida social de la ciudad-, pero también un gran inconveniente: cuando los comercios están cerrados, los centros urbanos pierden su principal elemento atractivo hacia los habitantes de la metrópolis, quedando desiertos.

El barbecho al que se someten cada día festivo muchos de los distritos más monofuncionales de los centros urbanos españoles –las calles Colón y Juan de Austria de Valencia son un ejemplo clarísimo-, como ocurren con los campus universitarios cerrados o con los distritos empresariales o industriales,  supone que los lugares centrales de las ciudades, los mejor conectados mediante transporte público y los que suelen albergar los espacios públicos de mayor calidad, se conviertan en un enorme despilfarro de recursos públicos durante más de dos meses al año –sumando domingos y demás festivos-, al tiempo que los citadinos buscan lugares alternativos donde puedan encontrar cierta animación y no calles desangeladas, lo que les obliga a comportamientos mucho menos sostenibles, a desplazamientos más largos y siempre en vehículo privado y al fomento del sprawl comercial y de ocio periurbano. Así pues, los recursos públicos que se han destinado para el dimensionamiento de los servicios y de las infraestructuras que sirven a los viajeros pendulares que cada día laboral hacen masivamente los desplazamientos desde sus domicilios hasta los centros urbanos quedan infrautilizados, dificultando su sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental del conjunto de los desplazamientos.

Pero eso no es todo. Sería absurdo desaprovechar la capacidad de los centros urbanos como lugares de encuentro de la ciudadanía, siendo aquellos los espacios idóneos para que surjan manifestaciones culturales, artísticas y sociales de todo tipo, que enriquecen a la ciudad, además de actividades económicas alternativas o innovadoras que se benefician de la concentración de personas y de ambiente distendido y familiar de las jornadas festivas. Es indiscutible, pues ha quedado más que probado con estos años de experiencia de libertad horaria, que el incentivo necesario para recuperar la vitalidad de los barrios comerciales en domingos y festivos era la apertura de las grandes superficies –cuyo poder atractivo, además, incentiva la apertura de la demás oferta comercial-.

La apertura comercial en domingos y festivos en los centros urbanos no aporta sólo beneficios para los comerciantes y sus trabajadores sino, en definitiva, para toda la sociedad. La libertad horaria se puede presentar y defender como una política urbana progresista de promoción de la vida social, aprovechamiento de los recursos públicos invertidos en los servicios –principalmente, en el transporte público- y sostenibilidad ambiental, más allá de su más notoria vertiente económica mientras que, por el contrario, la limitación de la actividad mediante el bloqueo horario de los comercios es un comportamiento reaccionario que pone coto al derecho a la ciudad.

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Sobre el autor Víctor Soriano
Víctor Soriano i Piqueras es abogado, urbanista y doctorando en derecho administrativo. Tras graduarse en Derecho y en Geografía y Medio Ambiente, cursó estudios de máster en Urbanismo, Derecho Ambiental y Abogacía en universidades de España e Italia y ha publicado el libro "La huerta de Valencia: un paisaje menguante".